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Las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,5% a partir de 2022

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Los precios siguieron escalando posiciones en el mes de noviembre hasta cotas inéditas en tres décadas. El dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojó una variación interanual del 5,6%, la más elevada desde septiembre de 1992. El incremento supone una considerable ralentización de la velocidad de aumento, de dos décimas frente al 5,4% alcanzados en octubre, cuando el ascenso fue de 1,4 puntos. Con todo, y a falta de que el INE confirme la cifra preliminar a mediados de mes, el indicador permite anticipar ya que la revalorización de las pensiones públicas para 2022 rondará el 2,5%, y que, incluyendo la paga de compensación por el poder adquisitivo perdido este año, la factura en estas prestaciones se encarecerá en más de 6.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la reforma de las pensiones que está tramitando actualmente el Parlamento sobre el texto pactado por el Gobierno con patronal y sindicatos supone volver a indexar las pensiones públicas al IPC, en concreto, al dato anual medio de noviembre a noviembre. Como resultado, la inflación media resultante este año es del 2,5%. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo calcula la factura de las pensiones a razón de 1.470 millones de euros extra por cada punto de subida del IPC, la revalorización ascendería a 3.675 millones. A esta cifra habría que sumarle la llamada paguilla compensatoria del sistema anterior por la desviación entre la subida inicialmente aprobada para 2021, que fue del 0,9%, y la evolución real de los precios. Tomando como referencia la media de noviembre, este abono supondrá otros 2.353 millones de euros, que quedarán consolidados en la nómina de las pensiones (se paga de una vez, pero se queda para siempre y los siguientes incrementos parten de esta nómina actualizada). Como consecuencia de la inflación, por tanto, la factura pública en pensiones se eleva en unos 6.027 millones. A efectos presupuestarios, en todo caso, el Ejecutivo está tratando de cargar el coste de la indexación en las cuentas de 2022 mientras que anticiparía a 2021 el impacto de la paguilla a fin de imputar su coste en el déficit público de este año para ayudar a relajar el del próximo ejercicio. El incremento interanual de la inflación del mes de noviembre, que en términos mensuales fue del 0,4% encadenando su cuarta subida consecutiva, responde tanto al efecto estadístico de comparar con el mismo mes de 2020, marcado por la caída del consumo que trajo la pandemia, como por el galopante avance de los precios de la energía. “En este comportamiento destacan las subidas de los precios de la alimentación y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a los descensos registrados en noviembre del año pasado”, aclara el INE. De hecho, la tasa de inflación subyacente, que deja fuera elementos más volátiles como los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 1,7%. Una tasa elevada, pero que indica que el repunte de electricidad y gas explica prácticamente cuatro puntos del aumento del IPC general. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones será automático con la ley que ultima el Parlamento, sin embargo, los salarios no tienen esta garantía ni mucho menos. Ni siquiera la mayoría de los que se negocian en los convenios, por lo que el repunte de la inflación –de no ser coyuntural como opinan desde el Gobierno– se trasladará en una muy perceptible pérdida de poder de compra de los trabajadores. El alza salarial que se está pactando en los convenios es del 1,55% para 6,5 millones de trabajadores, una cantidad muy inferior al repunte actual de los precios (5,6%) e incluso un punto por debajo de la media del IPC de los últimos doce meses (2,5%). Esto se agrava por el escaso porcentaje de empleados con cláusulas de revisión para compensar el alza de la inflación (apenas el 17%).

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La patronal propone un único contrato con numerosas causas de temporalidad

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Los empresarios pusieron ayer sobre la mesa del diálogo social para modernizar el mercado de trabajo su propia propuesta para la reforma que pide Bruselas antes de fin de año. Lejos de suponer un acercamiento de posturas, el texto de las organizaciones empresariales se aleja bastante de la última propuesta del Gobierno, que ya incluía cesiones a las partes patronales y sindicales. CEOE-Cepyme rechazaron ayer frontalmente los planes del Ejecutivo para luchar contra los abusos de la contratación temporal. De lo primero que no quieren ni oír hablar los empresarios es de la medida de fijar porcentajes temporales en función del tamaño de las plantillas y defendieron la actual normativa en materia de contratación temporal, ni en términos generales ni sectoriales, según informaron ayer fuentes conocedoras de lo ocurrido en el encuentro que terminó a última hora de la tarde. Los representantes patronales tampoco aceptan las limitaciones de los contratos temporales ni en materia de causalidad, ni de encadenamiento ni de duración de la relación laboral. Como alternativa, propusieron la creación de un solo contrato, pero con hasta seis causas de temporalidad distintas por motivos de producción, además de las ya previstas para contratas, subcontratas y licitaciones de la construcción (cuando no puedan considerarse personal fijo discontinuo). Junto a este contrato temporal, que se podría denominar de muy amplio espectro, mantendrían los contratos de interinidad con las mismas causas que plantea el Ejecutivo (reserva de puesto de trabajo, vacaciones, reducción de jornada y cobertura de vacante). Asimismo, desmontan la idea del Ministerio de Trabajo de convertir en despidos nulos (y, por tanto, con reincorporación al puesto de trabajo) los de aquellos empleados temporales que se demuestre que tienen un contrato fraudulento porque no obedece a las nuevas causas que se establezcan para ello. En cuanto a los contratos fijos-discontinuos, los empresarios pretenden que la modificación consista en que la inmensa mayoría de este tipo de contratos se canalicen a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Es más, reclaman que estos contratos no computen de forma total ni para contabilizar la antigüedad del trabajador ni para calcular la representación de los trabajadores. Y añaden una petición: que la falta de incorporación de un trabajador fijo-discontinuo sea causa de extinción del contrato, explican las fuentes que han tenido acceso al documento. El texto también enmienda los cambios propuestos por el Gobierno para corregir algunas cuestiones de la reforma laboral de 2012. Es el caso del artículo 41 sobre modificación sustancial de las condiciones laborales, oponiéndose a las cuestiones orientadas a reequilibrar el peso de los trabajadores en la negociación de la flexibilidad interna en las empresas. Igualmente, manifestaron su deseo de mantener la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, aunque con dos requisitos: cuando en conjunto y cómputo anual el convenio de empresa sea más favorable y cuando el convenio se haya negociado con la misma legitimación de la parte social que la que hoy se exigen para los convenios sectoriales. Con todas estas iniciativas se pone de manifiesto que los intentos del Ejecutivo para atraer a la patronal al acuerdo han sido en vano. Así, no ha sido suficiente, por ejemplo, la propuesta de crear de un contrato fijo para la construcción en el que la empresa estuviera obligada a ofertar al trabajador una recolocación al término de la obra, pero que, al mismo tiempo pudiera extinguirse por causas relativamente fáciles (como que el trabajador no fuera el adecuado para el nuevo puesto ofertado). Fuentes sindicales rechazaron enérgicamente las pretensiones empresariales. Si bien, reconocieron que la propuesta de CEOE en materia de subcontratación, aunque no acepta referenciar expresamente las contratas y subcontratas al convenio del sector, “si contiene elementos que permiten acercar posturas”, indicaban ayer estas fuentes.

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El paro baja en 74.381 personas en noviembre

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El mes de noviembre ha concluido con una caída de 74.381 (-2,28%) personas registradas menos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra total de paro registrado se sitúa, por tanto, en las 3.182.687 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008. También reduce los niveles previos a la pandemia: en noviembre hay 63.360 personas registradas como paradas menos que en febrero de 2020. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 98.061 personas. Noviembre cierra el ciclo más largo de caída del desempleo en la serie histórica con nueve meses consecutivos. Desde febrero, hay 826.102 personas inscritas menos. El paro registrado desciende en todos los sectores económicos respecto al mes de octubre. En Servicios desciende en 48.528 personas (-2,11%), en Industria en 7.689 personas (-2,91%), en Agricultura hay 6.072 (-3,89%) personas registradas menos y en la Construcción baja en 4.336 personas (-1,70%). El paro en el mes de noviembre también se reduce en el colectivo Sin Empleo Anterior en 7.756 personas (-2,77%). En todos los sectores de actividad y, especialmente en el sector Servicios, el paro ya se sitúa en niveles inferiores a los del inicio de la pandemia. El desempleo cae más entre las mujeres que entre los hombres. Hay 40.322 (-2,09%) mujeres inscritas menos en los servicios públicos de empleo y reduce el total a 1.888.257. El paro femenino se ha reducido en 416.522 mujeres desde el mes de febrero, y ya hay menos mujeres paradas que antes de la pandemia. El paro masculino se sitúa en 1.294.430 al descender en 34.059 (-2,56%) hombres. El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años cae en el mes de noviembre en 11.554 personas (-4,50%) respecto al mes anterior. El número de personas menores de 25 años en paro se ha reducido en 120.961 desde el mes de marzo, y deja 16.006 jóvenes en paro menos que al comienzo de la pandemia. El paro de 25 y más años baja en 62.827 personas (-2,09%). El paro registrado baja en 15 Comunidades Autónomas. Encontramos las caídas más importantes en la Comunitat Valenciana (30.633 parados registrados menos), en la Comunidad de Madrid (-11.477 personas) y la de Andalucía (-9.162 personas). Sube en Illes Balears (5.771) y en el Principado de Asturias (647). En términos interanuales, el paro registrado baja en todas las comunidades autónomas.

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El Gobierno ultima un ‘cheque’ de 3.000 euros para autónomos en 2022

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El Gobierno ultima la segunda entrega del plan de digitalización empresarial financiado con fondos de la UE, que constará de un cheque de 3.000 euros destinado a los autónomos individuales y aquellas pymes con menos de diez trabajadores. La ayuda estará disponible a partir del próximo año, y se suma a la primera fase de este plan, dotado de un total de 3.067 millones de euros. La primera fase, contará con un total de 500 millones de euros y será destinada a las empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores, de modo que el segundo paquete estará dotado con fondos por valor de 2.500 millones. Es decir, el segundo tramo de ayudas para la digitalización irá a parar a los comercios y negocios más pequeños, donde en muchos casos las bases de la digitalización son nulas. Según apuntan fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Económicos, esta medida estaría disponible para los primeros meses del próximo año, si bien, como sucede con el primero de los tramos que otorgará 12.500 euros a aquellas empresas con un bajo índice de digitalización, aún falta por licitar las empresas que aportarán las herramientas necesarias para la tecnologización de estos negocios. Por ello, señalan estas fuentes, que se trata de un punto aún a desarrollar dentro de este gran plan de modernización del tejido productivo. Una vez se publique en los próximos días la orden de bases, que recogerá el funcionamiento del programa, saldrá una invitación pública para que los agentes digitalizadores puedan unirse al programa y ofertar sus soluciones. No obstante, desde el colectivo de trabajadores autónomos apuntan el escepticismo sobre la utilidad de estos 3.000 euros para el objetivo final de digitalización. Recuerdan que este último grupo de micropymes y autónomos son los que menos innovación y tecnología han incorporado en sus negocios, lo que además implica un déficit formativo en la materia que puede hacer que la extensión de las ayudas no sirva para lograr el objetivo final de modernización, ante la incapacidad de los trabajadores de desplegar las posibilidades que otorgan las nuevas herramientas. Por ello, desde el colectivo sugieren que, ante la exigua cuantía prevista para esta segunda ronda de ayudas para la digitalización, se sugiere que se abra un plan de formación que prepare a los trabajadores a la hora de abordar el proceso, para que sea lo más efectivo posible. Del mismo modo, fuentes del sector apuntan que el plan pierde efectividad por el excesivo reparto del fondo, y apuntan que sería preferible dotar de una mayor financiación a menos autónomos y micropymes, pero con una cuantía monetaria mayor, que realmente les permita equipar y expandir el negocio por los canales digitales, de forma que el proceso se complete con esta prestación. Entre los dos grupos identificados por el Gobierno, se encuentran aproximadamente 145.000 pequeñas empresas (10 a 49 empleados) que serían las destinatarias de la primera línea de concesiones del Kit Digital. Mientras que, en el otro grupo, se encuentran aproximadamente 1.100.000 microempresas (uno a nueve empleados) y los 1.600.000 trabajadores autónomos de España, que serían el objetivo de este segundo tramo de ayudas por valor de 3.000 euros. Para poder llegar a todas las empresas repartidas por nuestra geografía, el Gobierno anunció para el despliegue de la primera parte del plan la apertura de 50 oficinas Acelera Pyme para ámbitos rurales, que se suman a las 90 ya proyectadas.

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La recaudación tributaria aumenta un 14%

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«Los ingresos por recaudación de impuestos están creciendo el doble de la economía», anunció este viernes el director de la Agencia Tributaria (Aeat), Jesús Gascón, tras explicar que los ingresos tributarios están creciendo, hasta octubre, un 14% más sobre los diez primeros meses de 2020, lo que sitúan la recaudación en tres puntos por encima de los niveles precrisis de 2019. Gascón explicó en el transcurso de su intervención en la clausura del XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, (IHE), que esta situación responde a varios factores, entre los que ha destacado el mayor peso de las ayudas públicas para el conjunto de ciudadanos y empresas, ligadas al control administrativo, así como por la caída del uso del efectivo y las facilidades que se dan a través de los datos fiscales y los borrador, es del IRPF, así como a la efectividad en el control del fraude fiscal. Sin embargo, a pesar de los buenos datos recaudatorios, el director de la Aeat ha advertido que es preciso ser prudentes porque la pandemia no ha finalizado y es preciso no bajar la guardia. Así, Gascón ha advertido de la necesidad de estar atentos a «giros inesperados y no precisamente positivos». Con respecto a los fondos europeos, el director de la Aeat se ha referido al papel de la Agencia Tributaria y ha comentado que esta institución deberá presentar una evaluación provisional en el último trimestre de 2022 de la Ley de lucha contra el fraude, así como en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre sus resultados, para decidir si es preciso mantenerlas o modificarlas. Gascón se refirió también al reto que tiene por delante la Aeat ante la llegada de 10.000 nuevos funcionarios en los próximos cinco años, en sustitución de los 800 veteranos que se jubilan anualmente. Sobre el libro blanco de la reforma fiscal, Ransés Pérez Bogas, presidente de la IHE, comentó que se ha introducido la implantación de la teoría del conocimiento en materia de IVA deducible en adquisiciones a precios inferiores de mercado. «Un tema muy de actualidad en tramas de fraudes de los hidrocarburos», ha explicado. La Agencia Tributaria está prestando información estadística a este grupo para el análisis, que supondrá la aprobación de cambios normativos que la Aeat tendrá que gestionar, según comentó Gascón. Además, ha instado a que sean cambios «gestionables», ya que, la Aeat va a enfrentarse a un reto importante tras la reforma y tras los acuerdos internacionales sobre tributación que se alcancen en el seno de la OCDE y la Unión Europea. El director del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, que actúa como secretario del grupo de expertos que analiza las líneas generales que debe seguir la reforma, ha defendido que ésta es importante y necesaria. Y ha comentado que el grupo de expertos presentará sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año y las expondrán en el Libro Blanco’, sobre el que Cuenca ya ha anticipado que será extenso La reforma fiscal prestará especial atención a la tributación medioambiental, a los cambios y tendencias de la digitalización, a la imposición patrimonial y a las actividades emergentes. A este respecto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro del Comité de Expertos para la reforma fiscal, Santiago Lago, ha comentado que España tiene un problema muy serio con el déficit estructural, que viene explicado por que los ingresos están por debajo del nivel que podrían alcanzar.