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Bruselas abre la puerta a suavizar las reglas fiscales que se reactiven en 2023

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La crisis del Covid-19 ha revolucionado la política fiscal de la Unión Europea. De momento, de forma coyuntural, con una respuesta comunitaria radicalmente diferente a la que se dio en la recesión de 2008, pasando de las políticas de austeridad a una decidida apuesta por los estímulos, con un inédito paquete de subvenciones a cargo de deuda común y con la suspensión temporal de los objetivos de déficit y deuda. Pero la pandemia podría acabar cambiando también el marco de forma estructural pues la Comisión Europea no solo propuso formalmente ayer prorrogar la suspensión de esas reglas fiscales por tercer año consecutivo en 2022, sino que abrió la puerta a suavizarlas antes de reactivarlas en 2023. La propuesta formal, que ya venía siendo defendida oficiosamente por Bruselas en los últimos meses, fue presentada ayer en rueda de prensa por el vicepresidente ejecutivo económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis; el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en el marco de la presentación de su paquete económico de primavera. Los tres repitieron un mismo “mantra”, como lo definió el propio Gentiloni: “los Estados miembros deben evitar una retirada prematura de los estímulos económicos”; han de priorizar la recuperación económica a la consolidación fiscal, para “no volver a caer en los errores de sacrificar la inversión pública y el gasto productivo”, cometidos en la crisis financiera; e ir saneando luego sus cuentas públicas, pero de forma gradual. La idea, explicaron, es mantener activa en 2022 la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a la que se recurrió en marzo de 2020, para dejar en suspenso unas reglas fiscales que normalmente promueven actuar para mantener un umbral de deuda pública máximo del 60% sobre el PIB y que, en el marco de procedimientos de déficit excesivo, exigen ajustes a partir de un agujero fiscal del 3% del PIB. Todo un balón de oxígeno para países como España, cuya deuda saltó en 2020 del 95,5% al 120% y cuyo déficit escaló del 2,8% al 11%. “La cláusula de escape general seguirá aplicándose en 2022 pero no será así en 2023”, advirtió Dombrovskis, matizando que para la consolidación fiscal “a medio plazo es importante tener un enfoque creíble”. Para ello, explicó, habrá que esperar a comprobar las secuelas permanentes que deja la crisis y la magnitud del impacto positivo de las ayudas europeas. Hasta entonces, dijo, la medición de la salud fiscal de los países se hará con “criterios cualitativos y no cuantitativos”. En todo caso, conminó a los países a estar preparados para comenzar a tomar medidas una vez encauzada la recuperación, pues Bruselas identifica ya desequilibrios en una docena de países, incluyendo a España, que catalogan de “graves” en el caso de Chipre, Grecia e Italia. Gentiloni pidió “prudencia fiscal” a este grupo de países por su elevado endeudamiento, instando a España y al resto a tratar de reducir el aumento del gasto público estructural y a acometer inversiones que permitan potenciar el crecimiento, en particular en áreas verdes y digitales, aprovechando los fondos ligados al Plan de Recuperación. La clave, dijo, es tener menos gasto corriente y más inversiones en investigación e infraestructuras. Además, reclamó reformas para que haya “más a impuestos medioambientales” y menos sobre el trabajo, e instó a reforzar la “lucha contra la competencia fiscal”. “No hemos salido aun del todo de la crisis, pero estamos saliendo”, aseveró Gentiloni, que prevé un crecimiento anual superior al 4% en la UE en estos dos años, lo que debería permitir contener deuda y déficit de momento. “Después del 2022, los Estados tendrán que garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, alertó, prometiendo que desde la Comisión van “a trabajar juntos en esa transición gradual”, para que sea “coordinada, diferenciando según la situación de cada estado miembro”. A la vez, se comprometió a buscar una flexibilización por consenso de las reglas fiscales que se reactiven en 2023. “No va a ser un proceso fácil”, admitió, por la disparidad de posiciones e intereses, pero aseveró que trabajarán en conseguirlo “en los próximos meses”.

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Sociedades fue el impuesto español más castigado por la crisis del Covid-19

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Cedió un 33,2% mientras que la recaudación total cayó un 8,8%, el desplome del consumo rebajó el IVA un 11,46% (en línea con la caída del PIB, del 10,8%), y el IRPF logró crecer un 1,24% gracias en parte al alza de pensiones y salarios públicos. En el conjunto del año, Sociedades arrojó una recaudación de 15.858 millones de euros, el 8% del total de ingresos tributarios de 2020. La cifra supone un importante descenso frente al 11% que supuso en 2019, cuando aportó 23.733 millones, y marca un mínimo desconocido en los últimos años. Lejos queda el récord de 2007, cuando Hacienda ingresó 44.823 millones por Sociedades, el 20% de la recaudación total, si bien aquellos umbrales solo pudieron alcanzarse a lomos del boom inmobiliario que estalló con la crisis financiera posterior, recordó ayer Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE). Aunque se trata de un impuesto de gestión estatal, los datos indican que el retroceso en la recaudación de 2020 fue desigual por territorios. En un novedoso estudio presentado ayer por el CGE y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), se revela que los mayores descensos se produjeron en Baleares (-46,24%); Galicia (-44,75%); Madrid (-43,75%) y Asturias (-42,34%). Tan solo algunos territorios lograron un saldo positivo, como es el caso de Extremadura (5,49%), Ceuta (22%), o Navarra (47,3%). Aunque el impacto tiene mucho que ver con el tejido empresarial de cada región, y el peso específico que tienen en sectores tan golpeados por la pandemia como el turismo o la hostelería, también es importante remarcar que el tributo arroja cifras muy dispares por autonomías. El informe del CGE y el REAF muestra, por ejemplo, que Madrid cuenta con 328.058 empresas, el 20,28% del total, pero que en un ejercicio prepandémico como 2018 registraba el 43,99% de toda la cuota líquida del impuesto. Solo otra región, Asturias, arroja un resultado superior al volumen de compañías que concentra, si bien la diferencia es mínima: con el 1,67% de las firmas del país atesora el 1,73% de la cuota. Las cifras de Madrid se explican por el hecho de que concentra buena parte de las mayores empresas del país. Así, por poner un ejemplo comparable, Cataluña cuenta con otro 20% de las compañías españolas, pero la cuota líquida que registra es solo del 19% del total. Más allá de Sociedades, la disparidad tributaria entre regiones fue una de las protagonistas de la encuesta entre asesores fiscales publicada ayer por el Instituto de Estudios de Barcelona y el CGE. En medio de la polémica sobre la armonización impositiva que el Gobierno central quiere impulsar entre las autonomías, el estudio reveló que el 64,6% de los asesores ha observado un aumento de las consultas de clientes interesados en cambiar su residencia fiscal a otro país (77,3%) o comunidad (75,8%) con menor presión fiscal. Más del 60% de los asesores declararon que las consultas aludían a cambios meramente ficticios con objeto de pagar menos impuestos. “Jamás aconsejaríamos un cambio de residencia solo por motivos fiscales”, aseveró Pich, que reclamó un nuevo marco de financiación autonómica más justo y que resuelva estas tensiones tributarias sin restar autonomía fiscal.