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El Consejo de Ministros aprueba este martes medidas para «detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas»

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El Consejo de Ministros aprobará otra rebaja de impuestos a la electricidad con el fin de que la factura de la luz que paguen los ciudadanos a finales de año sea “similar” a la de 2018. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con TVE. Sánchez explicó que el Ejecutivo bajará el impuesto especial de la electricidad [transferido a las comunidades autónomas] de un 5,1% a un 0,5%, que es «lo mínimo que exige la legislación comunitaria». «En ministros el Consejo de Ministros vamos a detraer los beneficios de las empresas energéticas y redirigir los beneficios a los consumidores, entre otras medidas para reducir el recibo de la luz», dijo Sánchez. Las nuevas medidas llegan tras la presión recibida por la oposición y su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, en un contexto de subidas históricas de los precios de la electricidad, que para mañana marca los 153,43 euros el megavatio hora (MWh). El Ejecutivo ya aprobó a finales de julio una rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% [que también se alargará hasta el 31 de diciembre]. Según el presidente del Ejecutivo, ambas medidas suponen que el Estado deje de ingresar 1.400 millones de euros. Sánchez consideró que es necesario «detraer los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas» con el fin de redirigirlos a los consumidores, «topando» el recibo del gas y reduciendo así la factura de la luz. «No es razonable que tengan esos beneficios extraordinarios. Tenemos que ser todos solidarios», resaltó. De este modo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la minoración temporal del exceso de retribución que obtienen las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 (nucleares e hidroeléctrica), según informa EL PAÍS citando a fuentes gubernamentales. Se tratará así de una medida que estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2022 y que se aplicará bajo una fórmula similar a la empleada para limitar los llamados beneficios caídos del cielo. Por otro lado, el Gobierno tiene previsto obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se crearán mecanismos de mercado “alternativos” compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un “peso importante” en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales “a un precio fijado por subasta”. Europa no permite que los Gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear [más baratas de producir] y, por ello, propone pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales. Asimismo, las medidas incluirán previsiblemente el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables e iniciativas que aseguren que las malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas [venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios] no se vuelva en contra de los consumidores. En concreto, se definirá un consumo mínimo vital y se estudia aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas para “tener orden” sobre las concesiones hidroeléctricas. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales. Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para frenar la sobrerretribución que percibe la generación mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. Ambas medidas harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros y que los consumidores domésticos se beneficien de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15%.

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Los economistas prevén que el pacto de Sociedades global eleve en 1.200 millones los ingresos de España

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Gobierno, empresarios, economistas y fiscalistas aguardan expectantes a que las discusiones en el seno de la OCDE den luz en octubre a la letra pequeña del acuerdo tributario global alcanzado en este organismo, así como en el G7 y el G20, para impulsar un gravamen mínimo internacionales sobre las multinacionales y para repartir los impuestos que abonen entre los países en que operan aún sin tener sede física. A falta de conocer los detalles, el exsubdirector de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Eduardo Sanz Gadea, y el profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Jorge Enrubia, expertos en materia de Sociedades, coinciden en señalar en que la medida podría suponer un incremento de la recaudación tributaria española del entorno de los 1.200 millones. El primero, en todo caso, se muestra más pesimista con las cifras que el segundo. Así lo han revelado este miércoles en un foro sobre el impuesto de sociedades organizado por el Consejo de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Real) a fin de elaborar un documento de propuestas para el comité de expertos al que Hacienda ha encargado diseñar la reforma tributaria en ciernes. “En primer lugar, habrá de suprimirse el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y habrá que ver, en el aspecto recaudatorio, como quedará el saldo resultante de minorar los beneficios cedidos por nuestras empresas afectadas por el desarrollo del Pilar I –las digitales– e incrementar los derechos de imposición de estas multinacionales extranjeras, a la vez que se adiciona la resultante de aplicar el tipo mínimo respecto al tipo efectivo de algunas entidades o grupos”, ha expuesto Sanz Gadea. Como resultado, ha agregado, ese Pilar 1 de la reforma (que rige el reparto de impuestos entre países) y el Pilar 2 (que fijaría un tipo mínimo de Sociedades común del 15%) arrojarían unos ingresos adicionales para España de unos 1.200 millones. Sin embargo, ha matizado Sanz Gadea, el pacto global obliga a los países a renunciar a sus impuestos digitales patrios, lo que en el caso español supondrá la eliminación de la Tasa Google. Una pérdida de ingresos que dejaría el saldo neto de ingresos en unos 700 u 800 millones. Enrubia, por su parte, estima que el Pilar 1 arrojará entre 1.000 y 1.200 millones de euros, a los que habría que sumar el efecto del tipo mínimo internacional. “Dudo que nos toque mucho, en ningún caso se superarán los 3.000 millones de recaudación”, a los que habría que restar los ingresos de los “tres o cuatro grandes grupos” españoles de cuya tributación habrá que repartir una parte a terceros países y la pérdida de ingresos de la tasa Google. Enrubia, sin embargo, considera que esta corrección será menor, pues considera que la expectativa de recaudación de este mecanismo estaba sobrevalorada. Ambos expertos piden prudencia, en todo caso, hasta conocer la concreción de la norma y las consecuencias concretas de su implementación en España. A los dos, eso sí, les tranquiliza que sea la UE quien vaya a regular la implementación en los diferentes estados miembros, y coinciden en apostar por que la adaptación se haga a través del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, en lugar de hacerlo propiamente sobre Sociedades. “Es difícil preverlo hasta que se hagan públicos los trabajos que se concretarán en el mes de octubre en el seno de la OCDE, siendo crucial la especificación de los parámetros que afectan a las definiciones de la base de cálculo del beneficio al que será de aplicación el tipo mínimo”, ha dicho Enrubia. A su vez, Sanz Gadea ha señalado que “los cambios en España vendrán de la mano de los que concrete la UE, cuyos proyectos son ambiciosos, sobre todo teniendo en cuenta que carece de competencias en imposición directa y, desde luego, dependen del éxito del proyecto en la OCDE en cuanto a tipo mínimo y tributación de las empresas digitales en los países donde tienen sus clientes”. En cuanto al diseño actual del impuesto, los economistas han subrayado que el nivel de ingresos que arrojaba antes de la pandemia, del entorno al 2,3% del PIB, está en línea con el 2,9% de la Unión Europea. A partir de ahí, eso sí, identifican algunos defectos a corregir. “El mayor defecto que presenta nuestro impuesto desde hace tiempo es que no es equitativo, porque regula unos beneficios fiscales selectivos –I+D+i, empresas cinematográficas, arrendamiento de viviendas, navieras, adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero, etc.–, a la vez que penaliza a empresas endeudadas o con resultados cíclicos”, ha apuntado Sanz Gadea.

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El Gobierno «actuará hasta solucionar el alza del precio de la luz»

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno «se hace cargo de la preocupación social» provocada por la escalada de la factura eléctrica y que por ello «actuará hasta solucionar el alza de los precios». Durante su comparecencia en la conferencia ‘Una recuperación justa’, en la Casa de América de Madrid, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo tomará las medidas pertinentes «siempre dentro del marco regulatorio europeo». También ha destacado «la compleja situación del sector energético» y que a la evolución del mercado mayorista no se le puede dar una «única respuesta, sino una agenda reformista, con medidas coyunturales, estructurales y también con un compromiso inequívoco de protección social hacia aquellos consumidores más vulnerables». Sánchez ha defendido la rebaja temporal de impuestos acometida por el Gobierno y ha pedido una «tramitación rápida» en las Cortes para las reformas legales aprobadas para rebajar la factura: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el freno a la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. El Ejecutivo también ha aprobado una rebaja temporal del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y ha suspendido temporalmente el impuesto sobre la generación que pagan las eléctricas. En este sentido, ha recogido las medidas avanzadas en el Congreso por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre dar mayor estabilidad a la tarifa regulada PVPC e impulsar un debate en la Unión Europea sobre «la adaptación de las reglas de mercado». Y es que, pese a la exigencia de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, de establecer precios máximos a la energía hidráulica y fijos a la nuclear, Ribera aludió a una «prohibición expresa» en el derecho europeo a esta clase de intervenciones en el mercado. Por otro lado, Sánchez ha saludado la posibilidad de que el Congreso inicie una comisión para estudiar el mercado eléctrico y, a partir de la escucha de expertos, pueda elaborar recomendaciones para su reforma. «Nosotros damos la bienvenida a esta comisión. Escuchar, debatir, acordar y actuar son cuatro verbos con los que el Ejecutivo se siente total y absolutamente comprometido», ha dicho.Sector

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Se disparan los embargos de vivienda en el segundo trimestre del año

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El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 253,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 3.243, su cifra más alta en cuatro años, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En valores trimestrales, es decir, en comparación con el primer trimestre, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se incrementaron un 1,1% entre abril y junio. El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios. Estadística recuerda que España se encontraba en el segundo trimestre de 2020 en pleno confinamiento e iniciando la desescalada, por lo que muchas ejecuciones no se pudieron iniciar en los Registros de la Propiedad. En el segundo trimestre del año se iniciaron 9.753 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el trimestre anterior y un 79,3% por encima del dato del segundo trimestre de 2020. De ellas, 9.239 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 514 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,9% en relación al trimestre anterior y un 73,8% respecto al segundo trimestre de 2020. Dentro de las fincas urbanas, 5.887 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 13,7% más en tasa intertrimestral y más del doble en términos interanuales, y de ellas 4.090 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 5,2% más que en el trimestre anterior y cifra un 242,8% superior a la del segundo trimestre de 2020.

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Se disparan los embargos de vivienda en el segundo trimestre del año

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El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 253,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 3.243, su cifra más alta en cuatro años, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En valores trimestrales, es decir, en comparación con el primer trimestre, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se incrementaron un 1,1% entre abril y junio. El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios. Estadística recuerda que España se encontraba en el segundo trimestre de 2020 en pleno confinamiento e iniciando la desescalada, por lo que muchas ejecuciones no se pudieron iniciar en los Registros de la Propiedad. En el segundo trimestre del año se iniciaron 9.753 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el trimestre anterior y un 79,3% por encima del dato del segundo trimestre de 2020. De ellas, 9.239 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 514 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,9% en relación al trimestre anterior y un 73,8% respecto al segundo trimestre de 2020. Dentro de las fincas urbanas, 5.887 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 13,7% más en tasa intertrimestral y más del doble en términos interanuales, y de ellas 4.090 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 5,2% más que en el trimestre anterior y cifra un 242,8% superior a la del segundo trimestre de 2020.