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La pensión máxima en 2022 superará los 2.800 euros, y la mínima será de 890 euros

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El dato de inflación publicado por el INE deja ya cerrada la revalorización de las pensiones para el ejercicio 2022. Tal y como ha confirmado el Gobierno, la pensión máxima escalará en 2022 hasta rozar los 39.474 euros en 14 pagas, que suponen 2.820 euros mensuales. Esta pensión sube en 112 euros sobre los 2.707 de 2021. En cuanto a la pensión media de jubilación, y con datos de la última nómina de pensiones abonada en noviembre, pasaría de 1.194,9 euros mensuales a 1.224,7 euros siempre teniendo en cuenta las extras de verano y Navidad. Las pensiones se revalorizan con la inflación media de los últimos 12 meses, no con la inflación a cierre de MES; la rápida subida del IPC este otoño explica la brecha entre el 2,5% medio y el 5,5% interanual. Antes de aplicar esta revalorización, y tras el aumento del 0,9% que registraron las pensiones en 2021, ahora los pensionistas recibirán la paga compensatoria –conocida coloquialmente como paguilla– por la desviación del 0,9% al 2,5% final, es decir, un 1,6%. Ésta se abonará en la segunda mitad de enero. Para los beneficiarios de pensiones mínimas, pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital el alza será del 3% dejando en el caso de esta última prestación la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto en 5.899.6 euros. La pensión mínima quedará en 12.468 euros (para un pensionista con cónyuge a cargo) que en 14 pagas son 890,55 euros mensuales, 40 más que los 851 de 2021, incluyendo la citada subida del 3% más la paguilla ya consolidada. Para todas las demás pensiones la subida es la marcada por la inflación, un 2,5%. Este porcentaje, más el 1,6% anterior, se aplica a los casi nueve millones de pensionistas que reciben cerca de 10 millones de pensiones (alrededor de un millón de ellos cobran dos prestaciones). El resto de pensiones mínimas sube también el 3% más el 1,6%: la pensión mínima de viudedad queda en 11.689 euros en 14 meses (834 euros al mes) en caso de tener cargas familiares; si no se queda en 721. La pensión mínima de jubilación para pensionistas sin cónyuge a cargo queda, mientras, en 685 euros (siempre que el jubilado tenga más de 65 años).

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Los altos impuestos sobre sociedades y patrimonio lastran la competitividad fiscal en España

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España ha caído hasta la posición número 30 de los 37 países analizados por el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora la Tax Foundation en Estados Unidos y que ha sido difundido este lunes a nivel nacional por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su caída se debe principalmente a la alta presión fiscal que ejerce el impuesto de patrimonio y de sociedades, cuya puntuación en el indicador fue de 3,6 y 4,6 sobre 10 respectivamente, es decir, suspendieron. En un año, el país ha descendido dramáticamente en la clasificación, pues en 2020 ocupaba la posición 26. Lo más preocupante, según el IEE, es que la situación «seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos». España tiene una presión fiscal en el impuesto sobre sociedades un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea y un 21,2% superior al del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de la imposición patrimonial la situación es aún peor: es un 40,8% menos competitiva que la del bloque y un 38% peor que la del organismo internacional. Esto lo posiciona como el tercer país con el resultado más deficiente en el Indicador de presión fiscal normativa, solo por detrás de Italia y Suiza. En un análisis global, la presión tributaria normativa para el país es un 12,8% más elevada que la media de la Unión Europea. Ante estos resultados, el IEE estima que no hay cabida para más subidas impositivas, por el contrario, exige una disminución paulatina y en el caso del impuesto sobre el patrimonio incluso exige su eliminación. Las recomendaciones del think tank se dan en plena negociación presupuestaria, en la que el Gobierno quiere incorporar a la Ley del Impuesto sobre Sociedades un nuevo artículo que establece una tributación mínima del 15% para aquellas empresas con un ingreso igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, sin importar el importe. La medida incluye a las compañías que se dedican al alquiler de viviendas, por lo que incluyen una reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%. El tipo mínimo únicamente afectará a las grandes compañías, esto es el 1% del tejido empresarial o lo que es lo mismo, a 5.521 empresas que acaparan el 60% del total de beneficios, según datos de 2018 de la Agencia Tributaria. No obstante, el IEE sostiene que la tributación empresarial en España ya se sitúa entre las más altas de la Unión Europea, mientras que las subidas continuadas representan «un nado a contracorriente en las aguas de la economía internacional». El informe del instituto recuerda que la proporción de recaudación que procede de las empresas españolas es del 31,9% mientras que la media de la eurozona es del 25%. En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, el informe destaca que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social fue en España del 39,3% en 2020, por encima de la media de la OCDE que fue del 34,6%. Esto significa que el salario neto que finalmente recibió el empleado en ese periodo constituyó el 60,7% del coste laboral. Las cifras sitúan a España como el noveno país de 22 analizados, con el IRPF más progresivo, lo que debería ser tomado en cuenta a la hora de modificar la estructura sobre el impuesto. Otra de las conclusiones del documento es que España recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad porque el 22% restante está en la economía sumergida. Si el país aumentará el porcentaje de participación en la economía formal al estándar europeo, es decir del 87%, la recaudación tributaria podría aumentar más de cuatro puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos. De esta forma, el think tank, pone en duda los argumentos del Gobierno respecto a que los grandes patrimonios aportan poco a las arcas del Estado. Por el contrario, teme que la subida tributaria retarde la recuperación nacional tras más de un año de pandemia. Al respecto detalla que «las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que se necesita, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación».

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El Gobierno prolonga la rebaja de impuestos a la luz hasta abril de 2022 para contener los precios

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El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha roto la barrera de los 300 euros y alcanzará mañana, jueves, un precio medio de 302,48 euros/MWh. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, que se había registrado para hoy de 291,73 euros/MWh, según datos de OMIE. El precio mayorista, que afecta directamente a los consumidores acogidos al PVPC, acumula así seis días de incrementos seguidos en los que se han registrado tres récords. El precio de la electricidad en el mercado mayorista de este miércoles será un 39,56% más elevado que los 216,74 euros que marcó hace una semana, el 9 de diciembre y un 55,73% mayor que los 194,23 euros que alcanzó hace un mes. La diferencia es aún mayor si se compara con otros años. De hecho, el precio medio de la electricidad en el pool de este miércoles quintuplicará los 49,34 euros que marcó hace un año (513%) y multiplicará por seis los 40,27 euros del mismo día de 2019 (651%). Además, el precio de este miércoles será muy superior a los 56,59 euros que marcó el mismo día de 2018 (435%). Sobre esta última comparativa, cabe recordar que el Gobierno se ha comprometido a que la factura media de la luz de los consumidores españoles será inferior en el cómputo general del ejercicio que la registrada en aquel año. No obstante, conviene tener presente que el precio del pool no es el único de los componentes que integran la factura de la luz, ya que ésta depende de otros elementos, entre ellos, los impuestos. Respecto a la fiscalidad de la electricidad, el Gobierno calcula que las medidas aprobadas desde junio han reducido los impuestos de la factura en más de un 60% y los cargos regulados en un 96%. El precio medio de la luz oscilará entre los 345 euros que costará entre las ocho y las nueve de la noche y los 251,78 euros que marcará entre las cuatro y las cinco de la mañana. Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado hoy que la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno este año para contener la subida del precio a la electricidad se prolongará en el primer cuatrimestre del próximo año, hasta abril de 2022. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya habló ayer de nuevas medidas fiscales para la luz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Hasta ahora, el paquete de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno contempla la bajada del 21% al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. El anuncio de Montero se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que ha tenido que enfrentar la pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre cuántos impuestos tiene previsto subir el Ejecutivo. La titular de Hacienda ha recordado que están a la espera de recibir el informe del comité de expertos para la reforma fiscal, previsto para finales de febrero del próximo año, pero que, en todo caso, las últimas decisiones tributarias del Gobierno han sido precisamente bajadas de impuestos: la bajada del IVA aplicado a las mascarillas, una rebaja de impuestos para nuevas empresas en la Ley de Startups y la prórroga durante el primer cuatrimestre del año de la rebaja de impuestos aplicados a la electricidad.

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El Gobierno relajará los requisitos para rescatar más pymes

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El Gobierno prepara cambios en los requisitos de acceso al Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por el Covid-19, gestionado por Cofides, para ampliar el número de empresas que pueden acceder a esta financiación. En concreto, el Ejecutivo prevé rebajar los requisitos técnicos que tienen que cumplir las compañías para optar al fondo de 1.000 millones de euros destinado a pequeñas y medianas empresas. Estos ajustes, que incluirán la flexibilización de las ratios, permitirán ampliar el número de empresas que pueden beneficiarse del fondo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La idea es que el Consejo de Ministros apruebe estos cambios antes de que acabe el año. Los criterios de elegibilidad actuales exigen que sean empresas no financieras, con sede en España, una cifra de negocio de entre 14 y 400 millones, que hayan sufrido una caída de negocio de más del 20% en 2020, que acrediten no estar en pérdidas antes de la pandemia, presenten un plan de viabilidad sólido y no se encuentren en concurso de acreedores, entre otros. Las mismas fuentes apuntan que uno de los objetivos de la actualización de requisitos es que las empresas que también han reducido sus ingresos en 2021 por la pandemia puedan acceder a esta financiación. El fondo de Cofides, creado el pasado mes de marzo, anunció recientemente que ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022 el plazo para acceder a su financiación. Las empresas seleccionadas pueden ser beneficiarias de financiación entre los 3 y los 25 millones. Las compañías más pequeñas pueden solicitar entre 3 y 15 millones y las medianas entre 4 y 25 millones. La financiación está estructurada a través de inversiones de carácter temporal en forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y otros instrumentos financieros. La duración máxima para devolver los fondos es de ocho años. Actualmente hay 49 solicitudes por valor de 523 millones, algo más de la mitad de la dotación total del fondo. Hace una semana, el Comité Técnico de Inversiones del fondo aprobó las dos primeras solicitudes de rescate de Lladró y Martínez Otero. La firma de porcelanas con sede en Valencia ha recibido un préstamo participativo por importe de 8 millones de euros. Martínez Otero, compañía de interiorismo gallega, ha recibido 4,1 millones de euros: 2,4 millones a través de un préstamo participativo y otro ordinario de 1,7 millones de euros. Al igual que en el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinado a grandes empresas, las peticiones a Cofides también cuentan con un análisis externo antes de ser aprobadas. En el caso de Lladró, su solicitud ha recibido el visto bueno de Kroll y Martínez-Echevarría & Rivera. En cuanto a Martínez Otero, los asesores externos del fondo han sido BDO y PwC. El fondo cuenta con un pool de asesores externos, tanto jurídicos como financieros, para analizar las solicitudes, así como una agencia de ráting externa.

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Dudas sobre la eficacia del retraso de la edad efectiva de jubilación para la sostenibilidad del sistema

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Una de las principales apuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para aumentar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo es acercar la edad efectiva de jubilación (edad media real a la que se retiran los españoles y que está fijada ahora en 64,5 años) a la edad legal de jubilación (66 años en 2021 para quien haya cotizado menos de 37 años y 3 meses o 65 para quien haya cotizado más). Según repite incansablemente Escrivá, lograr que la edad efectiva se acerque a la legal sería “la herramienta más potente” de sostenibilidad de las pensiones. Para ello, el Gobierno con Escrivá al frente ha decidido incluir, entre todas las nuevas medidas de la primera fase de la reforma de pensiones que ya se tramita en el Parlamento, varias iniciativas para, por un lado, penalizar más determinadas jubilaciones anticipadas voluntarias para desincentivarlas y, por otro lado, crear nuevos incentivos para la demora del retiro una vez cumplida la edad real de jubilación. Con esta combinación pretende que el efecto sea el retraso citado de la edad efectiva a la que se retiran los españoles, dado que, en teoría, eso supondría un ahorro para el sistema: más tiempo cotizando y menos cobrando pensión. Pero esta ecuación no es tan simple, ya que hay otros efectos colaterales, como el incremento de la cuantía de la pensión para quienes coticen más. Por ello, los datos actuariales podrían contradecir los planes del ministro. Un trabajo reciente elaborado por el grupo de investigadores del Observatorio del Sistema Público de Pensiones de las Universidades de Valencia y Extremadura analiza las medidas que el Ejecutivo quiere sacar adelante para la sostenibilidad del sistema. Y la principal conclusión de este trabajo es que, “tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica, se llega a la conclusión de que, en general, se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones”. Así, este cálculo indica que, con los nuevos coeficientes reductores y la nueva fórmula de cálculo sobre la pensión tras aplicar el límite de la base máxima en las anticipadas voluntarias –incluidos en la reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento–, el aumento de un año de la edad efectiva de jubilación supondría el ahorro de apenas un 1% en el gasto en pensiones. La paradoja es que las nuevas medidas citadas que se aplicarán en la reforma de las pensiones están pensadas para retrasar la edad efectiva de retiro, pero si se hace este mismo cálculo con la legislación actual, sin aplicar las medidas de Escrivá, el ahorro, aun siendo escaso, sería algo mayor, del 1,8%. Es más, si este cálculo de postergar un año la edad efectiva de retiro partiendo de las medidas de la reforma en marcha se hace solo sobre el colectivo de jubilados anticipados, algo que resultaría más realista, según estos investigadores, la nueva legislación que promueve el Ejecutivo supondría incluso un incremento del gasto en pensiones del 2,4% frente al 0% con la normativa actual. Para llegar a estas conclusiones, este equipo ha tomado la información que proporciona la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019; y, a efectos metodológicos, ha utilizado el valor actual actuarial (VAA) de las pensiones esperadas a lo largo de toda la vida del jubilado. Según esto, los autores de este estudio –entre los que están los expertos en pensiones Enrique Devesa (Universidad de Valencia e Ivie) o Inmaculada Domínguez (Universidad de Extremadura)– explican que “sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes dado que la jubilación más tardía se producirá con menores penalizaciones y, por lo tanto, con pensiones mayores”. Otra cosa sería que el retraso de un año se produjera sobre la edad legal de jubilación. En ese caso, el ahorro para el sistema, aplicando la reforma de las pensiones, sería del 5,69%, y si no se aplicara y se tuviera en cuenta la legislación actual, del 5,77%.