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La inversión extranjera directa crece levemente en España

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La inversión extranjera directa en España mostró en 2020 una cierta estabilidad en comparación con 2019, ya que se elevó ligeramente hasta los 7.800 millones de euros, lo que contrasta con las fuertes caídas del 38% registradas a escala mundial, de acuerdo con el informe ‘La Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional en 2020’, publicado por el Banco de España. En concreto, la inversión del exterior en España según el principio direccional alcanzó los 7.800 millones de euros en 2020, un importe ligeramente superior al observado el año anterior (7.600 millones), mientras que en los países más grandes de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se registraron descensos a causa de la incertidumbre de la crisis sanitaria. Desde el organismo que encabeza Pablo Hernández de Cos han matizado que se debe tener en cuenta que el volumen de estas transacciones partía en 2019 en España de un nivel reducido, por lo que en 2020 estos flujos también fueron pequeños desde una perspectiva histórica. Por su parte, la nueva inversión de España en el exterior ascendió a 18.800 millones, nivel también algo más elevado que el del ejercicio previo (17.600 millones). En términos del PIB se produjo un aumento de mayor intensidad del volumen de la inversión directa de entrada y de salida en España durante el pasado año como reflejo de la fuerte contracción del producto. Tanto las sociedades no financieras como las instituciones financieras monetarias recibieron nuevas inversiones procedentes del exterior (6.400 millones y 4.700 millones, respectivamente), mientras que se produjeron desinversiones en el sector financiero no monetario (-3.200 millones). En cuanto al desglose por instrumento financiero de estos flujos, se revela que el importe de la nueva inversión extranjera en el capital de las filiales españolas se redujo ligeramente con respecto al año anterior (15.100 millones), mientras que volvieron a registrarse desinversiones en instrumentos de deuda, que respondieron en su mayoría a la amortización de préstamos, aunque por un importe algo menor que en 2019 (7.300 millones, frente a 8.100 millones en 2019).

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Los alquileres encadenan cinco meses de caídas en España

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Tras años de subidas, los precios han iniciado en los últimos meses una senda descendente. La cuestión es hasta qué punto han bajado las rentas y por cuánto tiempo. Y para responderla, a falta de estadísticas oficiales y periódicas en España, de momento las mayores pistas las aportan los portales inmobiliarios. Con datos de los tres principales, algunos recientemente publicados y otros adelantados a EL PAÍS por Fotocasa y Pisos.com, lo que queda claro es que los alquileres suman ya, en la media del conjunto de España, cinco meses consecutivos de caídas. Los porcentajes de descenso varían entre unos portales y otros. Para Idealista las rentas cayeron en mayo un 6% respecto al mismo mes de 2020 y la brecha de precios sigue agrandándose: en abril la caída era del 5,5%. Para Fotocasa, en cambio, el retroceso de mayo en términos interanuales (-4,5%) es inferior al de abril (-5,6%), lo que significaría que, de mantenerse esa tendencia en el fututo, los precios ya habrían tocado fondo. Pisos.com es el que considera que los alquileres están más cerca de lo que marcaban en mayo de 2020, con una diferencia negativa del 2,84%. En la comparación con un año atrás hay que tener también en cuenta que los precios empiezan ahora a medirse con niveles ya posteriores al impacto del coronavirus, ya que hasta ahora lo hacían con meses previos a la llegada de la pandemia a España o con el arranque de esta, cuando el primer estado de alarma provocó una paralización de la actividad que, según los expertos, también congeló prácticamente los precios porque apenas se alquilaban casas. Fue con la primera desescalada y la reactivación del mercado cuando se observó más claramente la tendencia a la baja. Esta empezó por las grandes ciudades, lo que hace que Madrid y Barcelona ya encadenen casi un año completo de bajadas de rentas. Por efecto de la acumulación, los precios en Barcelona, donde a la coyuntura pandémica se suma una ley de control de alquileres que el Parlamento catalán aprobó el pasado septiembre, ya caen entre un 14,7% y un 17,8% según la fuente que se mire. En Madrid lo hacen al menos un 12,5%. Fotocasa e Idealista coinciden en los precios todavía no rebotan en las principales ciudades: los pisos siguen abaratándose mes a mes. Pisos.com sí apunta a un encarecimiento mensual en la capital, lo que no impide que le anote la caída interanual más abultada. En el resto de ciudades españolas de más de medio millón de habitantes, la situación es dispar. Para Idealista, Valencia es la única donde los alquileres han tocado suelo y se encarecieron en mayo respecto a abril, lo que no impide que los precios sigan más de un 7% por debajo de lo que marcaban un año atrás. Para Fotocasa también están en esa situación Sevilla, Zaragoza y Málaga. Mientras que Pisos.com solo ve en esa situación a Valencia, Sevilla y Zaragoza. Sí hay una relativa coincidencia en que Zaragoza y Valencia, las dos más baratas entre los seis mayores mercados locales, son también las ciudades donde las rentas resisten mejor en términos interanuales. En el caso de la capital aragonesa, Idealista y Fotocasa la sitúan muy cerca de volver al crecimiento de precios. Mercedes Blanco, directiva de la inmobiliaria Fincas Blanco, apunta a un cóctel de factores que explican la caída de las grandes ciudades, como el paso de muchos alquileres turísticos al mercado residencial, la menor demanda de pisos para estudiantes, la mala situación económica de muchos inquilinos o algunos traslados desde las urbes hacia las áreas metropolitanas. “La demanda ha bajado y, al haber mayor oferta, solo se alquilan los pisos con mejor relación calidad-precio”, resume. Es decir, que ahora los inquilinos tienen más fuerza para bajar la renta al negociar con los propietarios —es importante señalar que las cifras que ofrecen los portales son de oferta y no recogen el resultado de esa negociación, frecuentemente a la baja— porque estos se arriesgan a no alquilar la casa si no ajustan bien el precio. Blanco señala que su propia inmobiliaria intermedia actualmente unos 15 alquileres en Barcelona y su área metropolitana, menos que antes del inicio de la crisis. Sin embargo, la experta cree que “cuando con la vacuna se normalice todo, se volverá a niveles anteriores de demanda”.

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El Gobierno asume que el 30% de los trabajadores en Erte irá al desempleo

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Tras un año ya de vigencia del actual esquema de Ertes, el Gobierno ya asume internamente que al menos un 30% de los afectados, unos 170.000 trabajadores no podrán recuperar su puesto de trabajo. Concretamente, la Seguridad Social registró a finales de mayo un total de 542.142 personas protegidas por esta herramienta, lo que supone un descenso de 95.439 trabajadores, con lo que número de Ertes asociados al Covid se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, las fuentes de Moncloa que apuntan a esa cifra aseguran que esta pérdida de empleo será compensada con la creación de nuevos puestos. De hecho, actualmente, estos Erte se encuentran localizados en sectores muy concretos y altamente afectados por las restricciones, por lo que desde el Gobierno se confía en que el grueso de ellos volverá a reactivarse. Son sectores localizados, como la restauración, hoteles y alojamientos, aerolíneas, medios de transporte o comercios muy asociados a la actividad vacacional. En estos sectores estarían encajados unos 370.000 empleados de los Erte, y según las propias declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista, «esperamos que el grueso se recupere». De hecho, el 50% de los empleados en Erte de este grupo están en hostelería y servicios de alojamiento, que podrían relanzar fuertemente su actividad en los meses de verano. De este modo, donde pone el foco del problema el Ejecutivo es en la bolsa de 170.000 trabajadores de sectores no altamente afectados por la pandemia y que, pese a la recuperación de la actividad global en los últimos meses, aún mantienen a buena parte de sus plantillas en Erte. Se trata, más allá, de empresas que podrían ya tener problemas de liquidez y de demanda previos a la pandemia y que asumieron estos esquemas cuando iniciaron las restricciones a la movilidad y la actividad comercial en marzo de 2020 pero que aún conservan a sus trabajadores en Erte. Se trataría, como se ha apuntado anteriormente, de un 30% de la actual bolsa de trabajadores en Erte y son los que irían a engrosar las listas del desempleo en nuestro país. Desde el Ejecutivo, más allá, prevén que esta destrucción de empleos procedentes de los Erte se pueda compensar con un fuerte aumento de la contratación en los próximos meses, y años, al albur de la recuperación económica que acompañará a la salida de la pandemia. Concretamente, En su informe de perspectivas tras el impacto de la pandemia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apunta que la recuperación del empleo va a ser muy lenta y aventura que la tasa de paro, que subió al 15,5% de media el pasado ejercicio, únicamente disminuirá una décima en 2021 (15,4%) y al 14,7% en 2022. Una planicie que sustenta precisamente que el mercado laboral En este sentido, si bien es cierto que el Gobierno ya asume que la totalidad de los trabajadores en Erte no serán rescatados, sí que parece evidente tal y como apuntan las proyecciones de los organismos internacionales, que la caída de esos puestos de trabajo no supondrá una disrupción en el mercado ya que estará siendo compensada con creación de nuevo empleo, según refleja la linealidad en la evolución del desempleo. Es más, si se coge la cifra como válida, esta bolsa de trabajadores no supone más del 1% del total de la ocupación en España. Cabe destacar, sobre el volumen de afectados por Erte del 30% que no se recuperará, que es la primera proyección que realiza el Gobierno sobre este aspecto, ya que antes solo el Banco de España había deslizado en un informe sobre el impacto de la pandemia en la economía que sería el 40% del total de los trabajadores en Erte los que tendrían grandes dificultades para recuperar su empleo y se vería abocados al despido.

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El Banco de España calcula que la subida del SMI pudo destruir hasta 173.500 empleos en 2019

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La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el Gobierno realizó en 2019, aumentó hasta en un 6,01% las probabilidades de que las personas de entre 45 y 64 años afectadas por la medida perdiesen su trabajo a jornada completa. Esa es una de las principales conclusiones a las que ha llegado el Banco de España en su último informe publicado este martes sobre cómo ha afectado la subida del SMI al empleo. Según este estudio, los trabajadores más mayores del mercado laboral fueron los que más riesgo han corrido de perder su empleo, mientras que los jóvenes han sido el colectivo que más ha visto reducidas sus posibilidades de encontrar un trabajo. En 2019, poco después de que el Gobierno anunciase una subida histórica del SMI del 22%, pasándolo de 735 euros a 900 euros mensuales, el Banco de España había alertado de que la medida destruiría 145.000 puestos de trabajo. Ahora, en este estudio, reconoce que aquel aumento del SMI no tuvo efectos muy diferentes en el mercado laboral a los que ya había tenido la anterior subida del salario mínimo del año 2017, que fue mucho menor, del 8%. Según el supervisor bancario, el aumento de posibilidades de los afectados por la última subida del SMI de perder su trabajo, osciló entre un 2,3% y un 3,2% más. En 2017, ese mismo porcentaje estuvo entre un 2,6% y un 2,8%. Es decir, el aumento de probabilidades para un trabajador de perder su empleo, fue muy similar tanto en un año como en el otro. «Este hecho es, en principio, un tanto sorprendente, dado que la subida de 2019 es mucho mayor que la de 2017 y, por tanto, cabría esperar impactos más que proporcionales cuanto mayor sea el incremento del SMI, al estar el nuevo mínimo más alejado de los salarios que cobraban los trabajadores con anterioridad a la subida», indica el Banco de España. En otro punto del mismo estudio, el supervisor bancario reconoce que la subida del SMI «habría reducido el empleo neto de los afectados entre seis y 11 puntos». «Como los afectados por el SMI representaban aproximadamente el 10% del total del empleo en diciembre de 2018, el incremento del 22% del SMI habría supuesto entre 0,6 y 1,1 puntos de menor empleo». El Banco de España indica que a partir del 1 de enero de 2019 (cuando entró en vigor la medida), «se observa una caída brusca» de los contratos por cuenta ajena con bases iguales o menores a 1.050 euros, pasando de oscilar entre 1,2 y 1,4 millones en 2018, a representar un total de 800.000 empleos. Sin embargo, también señala que los contratos de entre 1.051 y 1.250 euros experimentaron «un repunte» de unos 200.000 contratos más, hasta alcanzar los 1,8 millones de contratos. «Esto puede suponer un cierto trasvase de contratos de nivel salarial inferior hasta esta referencia», explica. El grupo de trabajadores en el que más ha influido la última subida del Salario Mínimo fue el de los jóvenes de entre 16 y 24 años, afectando a casi una quinta parte de todos ellos. En contraste, el colectivo al que menos tocó dicho aumento fue al de los más mayores (entre 45 y 64 años), pero fue a estos a los que más ha perjudicado a la hora de mantener su empleo. Según el Banco de España, las posibilidades de este grupo de trabajadores de perder su empleo aumentaron entre un 3% y un 5,4%.

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El Gobierno reducirá el uso excesivo de los contratos temporales

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La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes tras la celebración del Consejo de Ministros, que el Gobierno realizará una reforma «de fondo, de calado», para reducir el uso excesivo de los contratos temporales y que se exigirá a las empresas una mayor justificación de los mismos. «El principio fundamental de la contratación en España va a ser la estabilidad en el empleo y sólo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique», ha explicado la ministra, quien ha evitado dar más detalles ya que todavía continúan las negociaciones al respecto con la mesa de diálogo social. «Hay un uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», ha añadido la vicepresidenta tercera en alusión a los contratos de obra y servicio, uno de los temporales más usados en España. «¿Alguien cree que el modelo de contratación temporal en España ha funcionado? La pregunta se responde por sí misma. Sí, vamos a estar ante una reforma de fondo, de calado», ha asegurado la ministra de Trabajo que ha tildado a la temporalidad de la «gran anomalía española». «Vamos a intentar abordar este problema eterno, que no es una maldición divina, sino que tiene sus razones», ha insistido la ministra quien ha comentado que el porcentaje de temporalidad en España se sitúa en el 26%. Según El País, que ha tenido acceso al borrador que el Gobierno entregó a los agentes sociales, el Ejecutivo pretende que todas aquellas personas que hayan ocupado un mismo puesto de trabajo durante dos años, en un periodo de treinta meses, encadenando contratos temporales adquieran inmediatamente la condición de empleados fijos. Los contratos temporales quedarán limitados a determinadas situaciones, como aquellas en las que la empresa no pueda hacer frente a un aumento imprevisible de la demanda. Además, en ningún caso, “el contrato de duración determinada por razones productivas podrá utilizarse para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas”. De esta forma, las empresas no podrían usar el contrato temporal para actividades que suelen tener variaciones de la demanda según la época del año, como la agricultura, la hostelería o el turismo. En esos casos, la fórmula de contratación contemplada sería la de fijo-discontinuo. Además, los contratos temporales que se deban a causas productivas podrán tener una duración máxima de seis meses, o de un año, si así está establecido en el convenio sectorial. Por último, las compañías deberán explicar por escrito las causas, la duración y las circunstancias del contrato del trabajador. En caso de no cumplir con esta obligación, la empresa estará obligada a hacer fijo al trabajador.