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Las eléctricas temen que el Gobierno prorrogue el recorte a la retribución más allá de marzo

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Fuentes del sector explican que parte de su preocupación proviene de que se prorrogue en 2022 el nuevo mecanismo que recorta la retribución que obtienen por el encarecimiento del gas, si no se reconduce la situación actual de elevados precios en el mercado mayorista. A pesar de que el mercado de futuros prevé que el precio del gas se estabilice durante el inicio de 2022, dudan de que se sitúe por debajo del suelo que ha fijado Transición Ecológica, o al menos en niveles similares. En concreto, el real decreto limita el efecto de esta medida, ya que solo tiene en cuenta los beneficios que obtengan las empresas por encima de 20 euros el megavatio hora [precio medio del gas en los últimos años]. Se trata de un suelo que intenta garantizar que se cubran los costes mínimos. En este sentido, el sector considera que es muy bajo este ‘suelo’ de 20 euros/MWh para el gas, a partir del cual se aplicarán los recortes. La patronal eléctrica Emelec ya avisó este martes, poco después de conocer el decreto del Gobierno, que «se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 €/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de proyecto de ley, tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 €/MWh». Todo ello, a su juicio, «tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que, ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021». Las grandes eléctricas han perdido más de 7.000 millones de euros en capitalización bursátil en los dos últimos días, tras conocerse el plan de choque del Gobierno para evitar la subida de la factura de la luz, que incluye un nuevo recorte de beneficios para las eléctricas. Por su parte, el Gobierno estima que para marzo del próximo ejercicio concluya el actual rally en el precio del gas. En esta línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, salió ayer al paso de las quejas de las eléctricas a través de la patronal Emelec y resaltó que no peligra su rentabilidad. Remarcó en TVE que las nuevas medidas tienen “un carácter temporal, asociado al tiempo que los analistas calculan que durará esta situación extraordinaria”. Según Ribera, las referencias suelo en costes de CO2 y gas natural están equiparadas a las cifras que las propias compañías manejaban en marzo de 2019 y esos umbrales se han respetado. También aseguró que en la factura de septiembre ya se verá reflejada una disminución en la partida de costes fijos, en concreto en los cargos –destinados a financiar parte de los costes del sistema–, así como en los impuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió también ayer el plan de choque y resaltó que el Ejecutivo siempre antepondrá el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal y “ante cualquier presión particular”. Por otro lado, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), advirtió ayer también de que el real decreto ley podría provocar la paralización de aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compraventa de energía. “Al entrar en vigor el Real Decreto Ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el periodo de vigencia de la norma”, denunció.

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Batería de medidas para fomentar políticas de vivienda

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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara una batería de medidas, sostenidas con 5.520 millones de euros, para fomentar políticas de vivienda. La ministra Raquel Sánchez ha anticipado esta tarde en la Comisión de Transportes del Congreso que llevará en octubre al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, donde estarán incluidas distintas iniciativas. El Gobierno ultima la liberación de 510.000 actuaciones de rehabilitación residencial con un total de 2.970 millones de euros. Otros 1.000 millones irán a la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social; se articularán avales por 1.100 millones para las comunidades de propietarios, y 450 millones en deducciones fiscales De forma paralela, el Ministerio que lidera Sánchez tiene previsto encauzar la aprobación de la nueva Ley de Vivienda; el Real Decreto-ley para impulsar la rehabilitación y la promoción de vivienda en alquiler, en el contexto del plan de recuperación de la economía; un Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación y vivienda social, y el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura y del entorno construido. Raquel Sánchez ha reiterado la necesidad de acordar un marco de financiación para la conservación de carreteras de alta capacidad y ha vuelto a señalar que el Gobierno trabaja en la creación de un sistema de tarificación homogéneo desde el punto de vista territorial. La ministra cifró en 300 millones anuales el déficit inversor del Gobierno en el mantenimiento de carreteras entre 2012 y 2017. Desde la bancada popular, el diputado Andrés Lorite ha criticado el momento elegido, marcado por la crisis sanitaria y económica, para lanzar este tipo de iniciativas. y la respuesta del Grupo Socialista, expresada por César Ramos, ha dicho que el PP ya pensó en los peajes durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy e incluso en extender el pago por uso en las autopistas con vencimiento del plazo de explotación. Los grupos políticos en el Congreso han demandado múltiples explicaciones a la ministra de Transportes sobre el parón del macroproyecto de ampliación de El Prat. Y en su respuesta, Sánchez se ha referido a “discrepancias” en el seno del Govern catalán como detonante de la decisión. “Lamento como ministra y como catalana que se haya producido esta situación”, ha reconocido. Respecto a la oposición a la iniciativa de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno, Raquel Sánchez ha señalado que los estudios de impacto ambiental iban a acometerse con máximo rigor y existía un plan de mayor protección para el área de La Ricarda.

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Gobierno y sindicatos pactan subir 15 euros el SMI desde este mismo mes

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El Ejecutivo y los sindicatos han llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 15 euros, un 1,6%, hasta los 965 euros. La subida, anunciada en la noche de este jueves, se hará efectiva desde el pasado 1 de septiembre, tal y como pedía el ministerio de Trabajo dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «Con esta nueva subida, la segunda desde el inicio de la legislatura, el Gobierno y los sindicatos avanzan en el compromiso para que el SMI, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España», señala el comunicado conjunto del Gobierno y sindicatos, que no hace ninguna mención expresa a la petición de Comisiones Obreras de llevar el SMI a 1.000 euros desde enero del próximo año. El Ejecutivo ya había propuesto una subida de 15 euros en la primera de las reuniones celebrada para tratar el alza del SMI, a la que en esa ocasión también había asistido la patronal, la cual se negó a llegar a un pacto para subir los sueldos más bajos este año. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, advirtió el jueves en Antena 3 de que esta medida provocará “menos empleo” y “más economía sumergida”. Estos 15 euros es la media de la horquilla señalada por el comité de expertos contratado por Trabajo, que había aconsejado una subida limitada de entre 12 y 19 euros del SMI este año para no perjudicar así la recuperación económica y la creación de empleo. De esa forma, se deja para 2022 y 2023 las subidas más importantes del SMI para que este alcance la línea del 60% del sueldo medio de España, que el grupo de expertos situó entre 1.011 y 1.049 euros mensuales en 14 pagas frente a los 950 euros que regían hasta ahora.

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Trabajo creará una prestación por desempleo complementaria a la contributiva

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El Ministerio de Trabajo está elaborando una normativa para reformar el sistema de protección por desempleo, simplificando y mejorando el nivel asistencial y creando una prestación complementaria a la contributiva. Según el texto sometido a consulta pública previa, la nueva protección asistencial por desempleo podrá ser percibida por quienes no tengan los requisitos de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva o por quienes la han agotado y no encuentran empleo. De esta forma, dejará de ser catalogada como protección por desempleo la recibida por quienes no provenían de un empleo. Asimismo, ampliará la duración de los subsidios para compensar la derogación de los programas de renta activa de inserción (RAI) y subsidio extraordinario por desempleo (SED), garantizando una protección durante más tiempo. Con dicha reforma, el Ministerio quiere ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al aumentar la duración de los subsidios y eliminando las lagunas de protección del sistema actualmente vigentes. Así se simplificará el procedimiento, flexibilizando el acceso y permanencia en el subsidio y reduciendo las cargas administrativas, al tiempo que vinculará esta protección al compromiso de seguimiento y realización de un itinerario personalizado de empleo. En la actualidad, el sistema de protección por desempleo resulta complejo, con una prestación contributiva, otra asistencial, rentas agrarias, protección para los trabajadores por cuenta propia, programas de forman de empleo, rentas mínimas y prestaciones no contributivas. A esto se suman los diferentes programas autonómicos que van más allá de la protección por desempleo, pues garantizan recursos mínimos. El Ministerio de Trabajo está elaborando también una normativa que simplificará y homogeneizará las bonificaciones en las cotizaciones sociales para incentivar la contratación, que conllevan un gasto de 1.821,6 millones de euros al año. Según el documento sometido a consulta pública previa por el Ministerio de Trabajo, los incentivos a la contratación vía bonificaciones en las cotizaciones sociales suponen en su conjunto alrededor del 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo. Así, en el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el gasto en el año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros, detalla del documento. A ello hay que añadir los incentivos aplicados mediante subvenciones concedidas por los servicios de empleo tanto estatal como autonómicos que dada su disparidad no están calculadas.

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LaboralEl Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero, pero analizará caso por caso

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El Gobierno ha propuesto este martes a los empresarios y los sindicatos prorrogar los ERTE (Expedientes de regulación temporal de Empleo) hasta el próximo 31 de enero, pero en esta ocasión la extensión no será generalizada, sino que el Ejecutivo analizará caso por caso las peticiones que reciba. La autoridad tendrá 10 días para analizar las peticiones de las empresas. Como se prevé que haya una gran cantidad de solicitudes (aún hay más de un cuarto de millón de personas en suspensión temporal de empleo) en la mesa se han tratado dos posibilidades: un silencio negativo o uno positivo. Es decir, en caso de que el Gobierno no responda se daría por rechazada la petición de ERTE y en el segundo por aceptada. La primera opción ha generado bastante rechazo en varios de los interlocutores, según fuentes de la negociación. “Se prorrogan hasta el 31 de enero con carácter general todas las situaciones de ERTE regulados en los Reales Decretos anteriores. No se producirá automáticamente, sino que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores”, han explicado en el sindicato UGT. Por otro lado, el Ejecutivo contempla en su propuesta que, para poder acogerse a las exoneraciones, las empresas deberán ofrecer formación a sus trabajadores. Este anuncio va en línea con las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien la semana pasada había indicado que los nuevos ERTE debían de orientarse a la formación antes que a la reactivación de las personas que aún siguen en ERTE. “Algunos de ellos tendrán que reajustar sus actividades dentro de la empresa o hacia otras empresas o sectores. Ese esfuerzo de formación de calidad y orientado a una mejora de sus habilidades tiene que ser un elemento adicional y central en el nuevo esquema que se inicie. Este es el elemento principal”, había dicho Escrivá. La intención del Gobierno es que esta nueva prórroga, que será por cuatro meses en vez de por tres como venía siendo habitual, sirva como experiencia puente hacia los nuevos ERTE de formación que se lanzarán en 2022 con fondos europeos. “No constituye una prórroga de los ERTE sino un mecanismo nuevo, que teóricamente pretende ayudar a las empresas pero que, entre otras cosas, vincula las exoneraciones a una formación cuyo sistema actual se ha demostrado ineficaz. Así que seguiremos trabajando”, han comentado, por su parte, desde la CEOE. “Estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Esta modificación ha generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación”, ha añadido UGT. En la propuesta trasladada este martes a los agentes sociales, el Gobierno unifica las exoneraciones para los ERTE por impedimento en el 100%, pero las reduce para los ERTE por limitación. En este caso, las exoneraciones pasan del 75% (como estaban en septiembre con el anterior Real Decreto pactado en mayo) al 50% para las compañías con más de 50 empleados; y del 65% al 40% para empresas más grandes. Con los datos facilitados por Seguridad Social a mitad de este mes, actualmente quedan en suspensión temporal de actividad 253.000 trabajadores, de los cuales 79.000 se encuentran en una suspensión parcial. El resto, unos 177.000 no trabajan ni una sola hora. Del total de personas que todavía se encuentran en esta situación, unas 91.000 están en modalidades de ERTE que no conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.