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Consumo sancionará hasta con un millón de euros a las empresas que abusen del consumidor

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El Gobierno ha decidido poner en marcha un relevante mecanismo sancionador contra los abusos que las empresas puedan cometer sobre los consumidores y que tratará de evitar también prácticas como la publicación de comentarios falsos sobre productos online o la compraventa masiva de entradas mediante sistemas automatizados. Así lo recoge el anteproyecto del texto refundido de la Ley del Ministerio de Consumo que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que ha sido presentado posteriormente en rueda de prensa por el ministro del ramo, Alberto Garzón. La nueva norma busca desincentivar los fraudes masivos, las prácticas que vulneren la unidad de mercado o la libre competencia, aunque el infractor esté situado fuera de las fronteras españolas y dar garantías a la clientela de servicios digitales. En la actualidad, ha defendido Garzón, se produce una “asimetría de poder entre grandes corporaciones y consumidores”, por lo que el Gobierno busca generar “desincentivos a que las grandes empresas puedan cometer fraudes o abusos contra los consumidores”. A tal fin se crea un sistema de multas de hasta un máximo de un millón de euros, u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de irregularidades cometidas en España, o de hasta el 4% del volumen de negocio anual de la compañía que vulnere las normas en más de un estado de la UE. Aunque el sistema sancionador es “la herramienta central” del anteproyecto, según ha defendido Garzón, el texto contiene además nueva regulación sobre el comercio online, el uso de las nuevas tecnologías y otras prácticas de la actividad online. Así, de una parte, se refuerza la normativa en defensa del consumidor contra las prácticas de publicidad engañosa o desleal, como la que suponen las reseñas sobre bienes y servicios que la empresa no verifique que son reales y no parte de una estrategia de marketing. También se pedirá a los portales de venta en internet que detallen los datos a partir de los cuales ofrecen precios personalizados a determinados clientes, teniendo en cuenta que muchos de ellos se sirven del historial de navegación web del consumidor, por ejemplo, por lo que se exige un plus de transparencia para reequilibrar la relación con el comprador. La norma también busca evitar la compra masiva de entradas a través de bots automatizados, que algunos intermediarios utilizan para agotar las existencias ofrecidas por el vendedor primario para encarecer su venta a particulares.

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Los jueces avalan comprar un piso al vendedor sin pagar comisión a la inmobiliaria

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La Audiencia Provincial de Cádiz ha sentenciado, al resolver un recurso de apelación, que se puede consultar aquí, la hoja de visitas firmada por el demandado estableciendo en caso de venta unos honorarios para la inmobiliaria del 3% del precio de la venta es contraria a la normativa protectora de consumidores y usuarios. El tribunal examina la naturaleza jurídica del documento suscrito por el comprador cuando visitó –por medio de la agencia demandante- la vivienda que finalmente adquirió. Este documento, denominado nota de encargo para compra o alquiler, es lo que habitualmente viene a conocerse como hoja de visitas y recoge de forma impresa los datos de la vivienda visitada, las partes que intervienen, el importe de los honorarios en la gestión de la intermediación de la compra o alquiler, la hora, fecha y firma del cliente. La sentencia considera que por sólo firmar la hoja de visitas –a pesar de contactar previamente con la agencia- no puede concluirse que el comprador que ha puenteado a la inmobiliaria hubiera prestado su consentimiento al pago de una retribución a la agencia por el hecho de facilitarle los datos de la vivienda y acompañarle en la visita; dado que la agencia no realizó ninguna gestión en la compraventa. Además, la cláusula de honorarios no cumple el filtro de transparencia pues no consta acreditado que la inmobiliaria informara adecuadamente y con carácter previo a la suscripción de la hoja de visitas de los honorarios por enseñar la vivienda en caso de que el cliente decidiera finalmente adquirirla o arrendarla. La cláusula también es calificada como abusiva por no establecer obligación alguna por parte de la agencia con el comprador. Del documento firmado por el demandado no se extrae encargo o gestión alguna por la inmobiliaria en caso de compra. El tribunal fundamenta su decisión en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios que en su art. 82 considera abusivas las cláusulas no negociadas individualmente y que causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Las condiciones de la hoja de visitas también se consideran abusivas por ser declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato. El Tribunal Supremo ha establecido jurisprudencia al considerar que el control de transparencia tiene por objeto que el consumidor adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como su posición jurídica en caso de acudir a los tribunales. Esta sentencia, que ampara los derechos del comprador que ha obviado a la inmobiliaria, también se fundamenta en el art. 80,1 de la Ley de Consumidores que exige que en los contratos celebrados con usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, estas deberán cumplir los requisitos de concreción, claridad y sencillez, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. Además, deben cumplirse las obligaciones de accesibilidad y legibilidad para que el consumidor tenga conocimiento previo a la celebración del contrato de su existencia y contenido.

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Seis de cada diez trabajadores aún afectados por un ERTE no volverán a su empleo

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Los expertos de Funcas alertan, sin embargo, de que el golpe puede dejar secuelas permanentes en el empleo, donde asumen que seis de cada 10 trabajadores aún afectados por un ERTE no volverán a su empleo, o las cuentas públicas, por lo que instan a dibujar ya este año un plan de reequilibrio a medio plazo que evite tener que afrontar “ajustes drásticos” en el futuro cercano. Así se recoge en varios de los artículos de la última edición de Cuadernos de Información Económica, publicada ayer por la fundación de las cajas de ahorro (Funcas). “La recuperación iniciada tras el débil inicio de año ganó tracción en el segundo trimestre, en consonancia con la menor incertidumbre derivada del proceso de vacunación, la liberación de la demanda embalsada durante la crisis, y la remontada de la economía mundial”, exponen los economistas Raymond Torres y María Jesús Fernández en su análisis La economía española en recuperación: oportunidades y desafíos. Pese a estas buenas señales, los expertos de Funcas advierten de que “la cronificación de una parte del desempleo ligado a la crisis podría ampliar aún más la brecha con los principales socios europeos”. En este terreno, los autores del artículo prevén una mejora en el mercado laboral que arroje 500.000 nuevos afiliados en dos años (en términos desestacionalizados de la Encuesta de Población Activa, la EPA) gracias al impulso de las ayudas europeas en camino y del incremento del consumo una vez se vaya liberando la demanda embalsada durante la crisis gracias al ahorro acumulado en la pandemia. Funcas estima, sin embargo, que de los 450.000 afectados por ERTE que había a finales de junio solo se reincorporarán a su puesto de trabajo en torno al 40%. Se trata, fundamentalmente, de aquellos asalariados de los sectores de restauración hostelería y ocio que se vean liberados de las restricciones impuestas frente al Covid. “El otro 60% se convertirán en desempleados o inactivos. De este modo, al final de 2022 el empleo habrá recuperado el nivel precrisis, pero el número de desempleados y la tasa de paro todavía serán superiores”, exponen. Es decir, que 180.000 de los todavía afectados por ERTE al inicio del verano recuperarán su empleo mientras que unos 270.000 no regresarán a sus puestos de trabajo. Las cifras son algo más pesimistas que las que maneja el Gobierno. Los datos de Seguridad Social de empresas acogidas a ERTE que ya ni siquiera reciben exoneración de cuotas sugieren la pérdida de 170.000 de esos empleos. Pudo ser peor, eso sí. Aunque se trata de cifras relevantes, los Expedientes de regulación temporal del empleo llegaron a cubrir a 3,6 millones de personas en abril de 2020 y ayer el ministro José Luis Escrivá reveló que ya solo quedan 360.000 afectados. Con todo, Funcas urge a hacer reformas que cierren la brecha laboral con la UE y generen empleo de calidad.

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9.000 infracciones por no registrar las jornadas laborales

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Dos años después del decreto-ley que impuso el control horario en las empresas, la inspección ha detectado 9.000 infracciones y ha recaudado 16 millones de euros en sanciones debido a las irregularidades encontradas. Desde el Grupo SPEC consideran que el teletrabajo ha sido uno de los causantes de las irregularidades que se han producido a la hora de registrar la jornada laboral. Según indica, la crisis sanitaria ha provocado que muchas empresas se relajasen a la hora de establecer el control de la jornada laboral. Para ello citan la Guía del Mercado Laboral 2021 de Hays en la que se pone de manifiesto que el 54% de los españoles considera que la Covid y el teletrabajo ha provocado que se destinen más horas a la jornada laboral que antes de la pandemia. Esto ha supuesto un aumento de las horas trabajadas, sin remuneración extra. Aparte de eso, el grupo tecnológico advierte de que la aplicación de la ley del control horario todavía genera algunas dudas entre las empresas. Una de ellas es que es compatible con la flexibilidad laboral. Por otro lado, en él se deben incluir todos los sectores profesionales, trabajadores y empresas cuando se incluyan en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Además, se debe incluir a aquellos profesionales que son temporales, trabajan a distancia o que, por cuestiones laborales, trabajan de un lado para otro, como es el caso de los comerciales. Entre las dudas también figuran si hay que registrar la pausa del café, aunque eso es algo que queda a elección de la propia empresa. Cuando no se cumpla la ley se podrán imponer sanciones a las empresas. Las más leves suponen sanciones de entre 60 y 625 euros. Entre las sanciones de este tipo figura el hecho de que la empresa no informe a los empleados de sus condiciones laborales o no ponga a su disposición informes de registro horario. Las multas graves varían entre los 625 y los 6.250 euros. Estas sanciones se imponen cuando los trabajadores no cobran las horas extra que han efectuado o cuando no han sido computadas. Por último, las sanciones más graves van de 6.250 a 187.515 euros. En este caso, la multa se impone cuando el empleado ha hecho más de 80 horas extraordinarias, no se han registrado las horas extra correctamente o trabajadores menores de 18 años han realizado horas extra.

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Hacienda no podrá usar contra los contribuyentes pruebas anuladas por un juez

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El Tribunal Supremo ha establecido que la Agencia Tributaria no podrá emplear con los contribuyentes pruebas obtenidas en el registro del domicilio de terceros que hayan sido anuladas por un juez, ya que de otro modo se estarían vulnerando derechos fundamentales. El Supremo ha adelantado un fallo de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo, al que no acompaña el texto íntegro de la sentencia. Lo que se establece es que Hacienda «no puede realizar comprobaciones, liquidaciones o imponer sanciones a un obligado tributario» empleando documentos o pruebas incautados «como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros», aunque este registro lo haya autorizado un juez, «si tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme». Incluso si tal declaración penal no se hubiera llevado a cabo formalmente, añade el fallo, la nulidad procedería de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que indica que «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales». El alto tribunal menciona «excesos» de los funcionarios de Hacienda, que pueden ser contrarios a derecho y deben ser controlados por el juez a posteriori, dado que están obligados a justificar y dar cuenta de sus actuaciones. Con ello se evita que «hallazgos casuales», documentos referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios distintos a aquellos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro, puedan ser empleados por la Agencia Tributaria. El caso analizado por el Tribunal Supremo es el de un contribuyente sancionado por el IRPF de 2010, 2011 y 2012, sanción justificada con documentos obtenidos en la entrada y registro domiciliario a un tercero, en concreto en las oficinas de un empresario. El registro, «lleno de múltiples y graves irregularidades», fue declarado nulo, como también lo fueron las pruebas obtenidas.