El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha emitido un informe en el que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, derivado de la ley de 2015 sobre el régimen jurídico del sector público, lo que abre la puerta a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero en cuya sentencia cierra la puerta a reclamar las liquidaciones ya emitidas y que no estén recurridas. Ahora con este dictamen del abogado general de la UE, que deberá ser ratificado por el Tribunal Europeo de Justicia, se abre la posibilidad de que los contribuyentes afectados por estas liquidaciones de la plusvalía municipal, declaradas nulas, puedan reclamar al Estado español una indemnización. En concreto, Szpunar considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló dicho impuesto, e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que «imposibiliten o dificulten excesivamente» en la práctica obtener una indemnización. Así, defiende que los recursos que pueden presentar los ciudadanos no tienen por objeto indemnizar los daños causados por el Estado legislador por una infracción del Derecho de la Unión, sino únicamente permitir que se indemnicen los daños causados como consecuencia de actos adoptados por la Administración sobre la base de una ley incompatible con el Derecho de la Unión. Asimismo, asegura que el requisito exigido por la norma española, en virtud del cual antes de poder interponer el recurso, el particular debe haber obtenido ante cualquier instancia una sentencia firme denegatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, es «absoluto» y, en consecuencia, «contrario al principio de efectividad», en la medida en que no prevé ninguna excepción para aquellos casos en los que el ejercicio de una vía de recurso previa puede plantear dificultades excesivas, «en particular cuando el daño es ocasionado directamente por la ley».
Así lo demuestra la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad publicada ayer, correspondiente al cuarto trimestre de este año que elabora trimestralmente el Banco de España, donde el 30% de las empresas encuestadas declaran estar aumentando sus precios de venta (10 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior). Es más, cerca de la mitad de estas sociedades encuestadas (el 44%) prevén aumentar sus precios en el primer trimestre de 2022 y el 60%, a lo largo del resto del año que viene. Este incremento de los precios obedece al hecho de que, en general, las más de 5.000 empresas que respondieron a la encuesta del Banco de España que fue lanzada a cerca de 15.000 sociedades (la tasa de respuesta superó el 37%) vienen registrando una «agudización de las presiones inflacionistas», indica el texto del supervisor. En concreto, en este cuarto trimestre –con el IPC situado en el 5,4%– tres de cada cuatro empresas (el 74%) declararon haber observado un aumento de los precios en sus consumos intermedios, y este porcentaje ha aumentado más de 20 puntos en un solo trimestre. Es más, las compañías consultadas esperan que este comportamiento inflacionista se mantenga al inicio del próximo año, de forma que el 77% prevén incrementos adicionales en el coste de los productos intermedios que demandan ya en el primer trimestre de 2022. Y un porcentaje parecido lo espera cuando les preguntan por el horizonte a un año, por lo que la inmensa mayoría «consideran que las actuales presiones de costes de sus consumos intermedios tendrán un carácter relativamente persistente». En línea con estas perspectivas, las empresas encuestadas aseguraron seguir mejorando su facturación en este último trimestre del año, pero se mostraron algo menos optimistas debido a que ven dicha mejora «parcialmente entorpecida» por las alteraciones en las cadenas de suministros y el encarecimiento de los consumos intermedios. Así, el 35,1% de las empresas españolas incrementó su facturación en el cuarto trimestre, seis puntos más que en el tercero, aunque solo un 30% espera mejorar sus ventas en el primer trimestre de 2022, cinco puntos menos. Los sectores que se han anotado una mayor recuperación de ingresos a finales de este ejercicio fueron los servicios de no mercado, el transporte y la información y las comunicaciones. En términos generales, el análisis que hace el Banco de España de los datos de esta encuesta, indica, que el encarecimiento reciente de los consumos intermedios (energéticos y no energéticos) y la intensidad de las alteraciones de la cadena de suministros están claramente relacionados. De hecho, el supervisor destaca que las empresas más afectadas por el aumento del precio de sus costes energéticos y por los cuellos de botella en las cadenas de suministros, tienden a prever mayores aumentos del precio de sus consumos intermedios. Mientras que, entre el resto de los condicionantes de la actividad empresarial, las compañías con peores perspectivas para su demanda tienden a rebajar esas presiones de inflación de costes, mientras que, por el contrario, la incertidumbre sobre la política económica aparece relacionada con mayores expectativas de aumentos de costes. En esta misma línea las empresas con mayores dificultades de contratación de mano de obra, anticipan mayores presiones sobre sus costes laborales, lo que también se traslada a las futuras cuantías de los incrementos salariales.
La mesa de diálogo social sobre la reforma laboral, integrada por el Gobierno, los sindicatos y la patronal, se reunirá a diario desde el próximo lunes para tratar de alcanzar el acuerdo tripartito y tener aprobada la nueva legislación antes de fin de año, como prometió el Ejecutivo a Bruselas, según han informado fuentes sindicales tras la negociación de este viernes. Los negociadores comenzaron a abordar los cambios normativos el pasado 17 de marzo y, a medida que se acercaba la fecha límite, empezaron a intensificar sus reuniones, que pasaron de dos a tres citas semanales. A partir del lunes, el Gobierno, los sindicatos y la patronal se sentarán a negociar a diario. La reunión de este viernes, que ha durado unas cuatro horas, ha concluido «sin avances significativos», como han señalado fuentes sindicales. Este ha sido el segundo encuentro de la semana, ya que la mesa también negoció el martes, por videoconferencia. En esa ocasión, el Ejecutivo llevó a las partes una nueva propuesta en la que mantenía los límites a la contratación temporal, pero establecía topes por días y no por número de trabajadores en relación al tamaño de la empresa, como había propuesto hasta entonces. El Gobierno se comprometió en esa reunión a llevar este viernes un nuevo texto que recogiera las aportaciones realizadas por los agentes sociales en el encuentro del martes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha repetido en varias ocasiones que el Gobierno cumplirá sus compromisos con la Comisión Europea y la nueva reforma laboral estará publicada en el BOE antes del 31 de diciembre. En la misma línea, fuentes del Ministerio de Economía indicaron que se mantendrá el calendario y que la nueva legislación se aprobará antes de que finalice el año porque de dicha aprobación, entre otras materias, depende que España reciba un nuevo tramo de fondos europeos de 12.000 millones de euros. El departamento de Nadia Calviño ratifica así el compromiso del Ejecutivo, a pesar de que este mismo viernes la Comisión Europea ha concedido que el calendario pactado con España para la reforma laboral es «indicativo». «Animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto y aprobar la reforma del mercado laboral en el cuarto trimestre de este año, conforme a los compromisos enunciados en la decisión de ejecución del Consejo», ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas una de las portavoces comunitarias, Arianna Podestà. Los plazos, no obstante, «son indicativos», ha añadido Podestà, sin dejar de recalcar que es «importante» que todos los Estados miembros hagan «todo lo posible» para garantizar la puesta en práctica «en tiempo útil» de las reformas y las inversiones
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha sumado 1.080 nuevos trabajadores autónomos en el mes de noviembre. El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado de “muy positivos” dichos datos, ya que se suman a un descenso del paro en 74.381 personas. En ese sentido, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sigue una senda “muy positiva” de crecimiento. No obstante, desde ATA destacan que el crecimiento de autónomos en el RETA es “inferior” al registrado en el mismo mes el año anterior. Cabe recordar que en noviembre de 2020 el número de autónomos se incrementó en 2.504 personas. Por comunidades autónomas el crecimiento en el número de trabajadores autónomos también es desigual. De hecho, en Madrid se ha registrado un aumento de 1.698 autónomos. Por detrás se sitúa Canarias con un incremento de 583 autónomos y Andalucía con una subida de 539. A estas comunidades autónomas les sigue la Comunidad Valenciana con 448 autónomos más. Dichos datos han compensado el descenso que se ha registrado en otras comunidades como son Baleares, con una caída de 2.613 profesionales autónomos; o Castilla y León, con un descenso de 265 profesionales autónomos y Galicia, donde también ha bajado en 131 profesionales el número de autónomos. El presidente de ATA considera que con estos datos habría que preguntarse si tiene sentido derogar la normativa laboral. A su juicio, ésta está “permitiendo en estos momentos recuperar el empleo perdido en todos estos meses de pandemia”. Según dice, actualmente el tejido productivo está “convulso” con factores que afectan directamente a la economía como son los costes energéticos, los de los carburantes o la falta de materias primas. Amor llama a la prudencia, pese a lo positivos de los datos durante el mes de noviembre. Según dice, hay que ver cómo evolucionan los datos en los próximos meses, así como la negociación de la reforma laboral. “Está claro que la normativa laboral actual está sirviendo para crear empleo, para crear empleo estable y lo que no podemos hacer es establecer rigidez en la normativa laboral y que esto que estamos consiguiendo se frene de golpe”, ha añadido.
Las demandas salariales en pleno repunte inflacionista –el IPC está situado en el 5,4%– están empezando a generar bloqueos en las negociaciones de los convenios colectivos de numerosos sectores y empresas y, en general, elevando la conflictividad laboral. Ante esta situación, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, propuso ayer una solución: “Tratar de pactar incrementos salariales a dos o tres años, que impliquen la recuperación del poder adquisitivo, pero que se salgan de la tenaza de la coyuntura actual”, y evitar así los temidos efectos de segunda ronda en la inflación. El líder de CC OO, que intervino en Nueva Economía Fórum, reclamó también que para acordar estos planes de subidas salariales a lo largo de varios ejercicios sería más que conveniente que las cúpulas patronales y sindicales se alcanzaran un quinto Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), “que lance criterios a los negociadores de los convenios para que se pacten subidas (retributivas) a dos o tres años”, insistió Sordo. Sin embargo, este guante no fue especialmente bien recibido desde el lado patronal, con quien los sindicatos deben negociar los convenios colectivos. De hecho, fuentes empresariales aseguraron que el repunte inflacionista es “absolutamente coyuntural” por lo que no debe trasladarse a los salarios ahora ni en un plan a dos o tres años. En consecuencia, desde la patronal tampoco ven adecuado empezar a negociar un ANC antes de saber cómo quedan normativamente las cuestiones de la negociación colectiva en la futura reforma del mercado de trabajo. En cualquier caso, este orden que reclaman los empresarios no está siendo respetado por el día a día de las relaciones laborales. Así, Sordo advirtió ayer de que ya están surgiendo numerosos conflictos en las negociaciones de convenios como los provinciales de algunos sectores como la limpieza, los supermercados o instalaciones deportivas, entre otros. Pero estas demandas salariales se unen con otras que están contaminando tanto la negociación colectiva como las conversaciones para la reforma laboral. Es el caso, por ejemplo, del sector de la hostelería donde hay varios convenios atascados por cuestiones retributivas, pero también por la existencia de vasos comunicantes con lo que se está negociando en la reforma laboral. En concreto en materia de contratación temporal y de prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa. Por ello, CC OO y UGT han convocado para este jueves, 16 de diciembre, una gran movilización, frente a las instalaciones patronales, en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva. Estos atascos están provocados en un buen número de casos por demandas salariales no satisfechas, pero no solo por esa razón. Además, en esta protesta reclamarán también todas las reivindicaciones sindicales en materia de convenios que están negociando en la mesa de la reforma laboral. Precisamente, Sordo elevó ayer el tono de esa mesa, poniendo varias líneas rojas y asegurando que el acuerdo no está ni mucho menos garantizado. Así criticó que se esté lanzando expectativas “excesivamente optimistas” respecto a la consecución de un pacto: no solo no está garantizado un acuerdo tripartito –Gobierno, sindicatos y patronal–, sino que tampoco está garantizado que se produzca solo entre el Ejecutivo y las centrales sindicales. “CC OO no está viviendo ningún idilio con el Gobierno”, dijo Sordo. Llegados a este punto, el líder sindical enfrió la posibilidad de un consenso inmediato, al asegurar que “la negociación está en un momento clave, pero aún le quedan varios capítulos”. Y puso varias líneas rojas. “Si no se modifica la prevalencia del convenio de empresa, no va a haber acuerdo con las organizaciones sindicales”, advirtió. Y tampoco lo habrá si no se recupera la ultraactividad de los convenios, añadió. “Se pueden buscar fórmulas para desbloquear la negociación de convenios, pero hay que acabar con esa espada de Damocles que supone que si no se llega a un acuerdo ese convenio desaparece”. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, también echó ayer un jarro de agua fría sobre las posibilidades de un acuerdo inminente en materia de reforma laboral. En este sentido, defendió que su organización está dispuesta a hablar de cómo mejorar ciertos aspectos del mercado laboral, pero “para nada” se siente “concernida” por lo que pactaron PSOE y Podemos en el acuerdo de coalición. “Nosotros estamos comprometidos para hablar de mejoras, transaccionar ciertos temas y sobre todo de lo que se nos plantea en Europa –en referencia a la reducción de la excesiva temporalidad–, pero no estamos concernidos en absoluto por el acuerdo del gobierno de coalición”, señaló. El líder patronal se desvinculaba así de los compromisos adquiridos entre el PSOE y Unidas Podemos para recuperar la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales frente a los de empresa o la vuelta a la ultraactividad, ambas cuestiones exigidas por los sindicatos.
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