Unos 800.000 trabajadores autónomos están contribuyendo a la Seguridad Social por encima de sus rendimientos netos

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado hoy que uno de cada cuatro autónomos (unos 800.000 trabajadores, de 3,2 millones) están “sobrecotizando”, es decir, contribuyendo a la Seguridad Social por encima de sus rendimientos netos. En declaraciones a los medios después de reunirse con los responsables de las asociaciones de autónomos ATA y UPTA, Lorenzo Amor y Eduardo Abad, la ministra ha valorado la propuesta conjunta de las organizaciones para avanzar en la cotización por ingresos reales de los autónomos.

Las dos asociaciones acordaron un documento que recogía varios tramos de cotización en función de los ingresos reales de los autónomos, con una situación similar a la tarifa plana de cotización para aquellos que menos ingresen, así como una bonificación al 100 % de la cuota para las bajas por incapacidad temporal. Desde UPTA cifran en 3.500 millones de euros la aportación adicional con esta propuesta a las arcas de la Seguridad Social.

La ministra se ha comprometido a “estudiar el documento”, pero ha recordado que hay que esperar a las conclusiones que salgan de la subcomisión parlamentaria del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el Congreso de los Diputados y ver qué planteamientos se hacen en la mesa del Diálogo Social con los sindicatos para poner encima de la mesa una propuesta “consensuada”.

En la reunión se ha abordado la regulación de la figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (Trade), así como la lucha contra el empleo de las figuras del falso autónomo o del falso cooperativista cuando se tratan de “trabajos por cuenta ajena como la copa de un pino”. Asimismo, Valerio ha avanzado la próxima constitución del Consejo del Trabajo Autónomo y de la Mesa Técnica del Trabajo, donde se estudiarán con profundidad estas cuestiones.

“Ambas organizaciones valoramos muy positivamente este diálogo constante y fluido que nos ha ofrecido la ministra, valoramos que se pongan en marcha esas mesas técnicas en materia de Seguridad Social y de Empleo. Nos va a tocar trabajar en el mes de agosto, pero no nos viene mal”, ha asegurado Amor.

Gobierno y sindicatos acuerdan convocar 19.000 plazas de funcionarios este año

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha suscrito este lunes con los sindicatos de Función Pública (CC.OO., UGT, CSIF y CIG) un acuerdo que contempla una oferta de empleo público (OEP) para 2018 que, a falta de concretar hasta su aprobación el viernes, podría situarse entre 17.300 y 19.300 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), más un plan extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugio de inmigrantes y la recuperación del 100% de retribución por Incapacidad Temporal (IT).

En una rueda de prensa celebrada al término de la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y mantenida con los sindicatos más representativos del área pública, Batet ha agradecido el “trabajo y esfuerzo” de los sindicatos para alcanzar tres acuerdos que suponen un “importante avance” en materia de empleo público.

Batet ha detallado que uno de los acuerdos conlleva 2.800 plazas de estabilización de interinos de 2017 y el compromiso de convocar simultáneamente las de 2018; otro pasa por reforzar las plazas en materia de inmigración ante unos servicios que están “desbordados”, ya que en dos años se ha pasado de 15.000 solicitudes de asilo a 32.000; y un tercer acuerdo de recuperación del 100% de la retribución desde el primer día de los funcionarios con Incapacidad Temporal (IT).

Según Batet, los acuerdos suscritos suponen “recuperar derechos perdidos en tiempos de crisis” y “mejorarán la calidad del empleo en términos generales”.

Con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% entre los empleados públicos, el Gobierno aprobará el viernes un real decreto con la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Así, dará luz verde a la estabilización de empleo en el ámbito de la AGE y sus entes, tanto personal funcionario como laboral (previsión actual de 2.329 plazas), personal estatutario del Ministerio de Defensa e INGESA (534 plazas) y personal al servicio de la Administración de Justicia (2.248 más 424 de promoción interna).

CC.OO. y UGT estiman que la OEP rondará las 19.341 plazas, distribuidas en unas 10.016 de ingreso libre, que incluye las 323 de la oferta extraordinaria para reforzar los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) y los Centros de Acogida al Refugiado (CAR), así como los servicios de Prevención de Riesgos, y un 5% adicional de plazas del total de la OEP, lo que supone otras 485 plazas, que se destinarán a la Seguridad Social y a la lucha contra el fraude fiscal y laboral. A esto se suman 5.997 plazas de promoción interna y las 2.863 plazas restantes destinadas para estabilizar interinos.

Según CSIF, el acuerdo contempla una oferta de empleo público de la Administración General del Estado para este año de 17.534 plazas, de las cuales 8.371 serán de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y 5.977 plazas de promoción interna, según datos aportados por dicho sindicato. En las plazas de nuevo ingreso se incluyen más de 400 derivadas de un 5% adicional de nuevo ingreso –contemplado ya en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo–. A esto se suma la oferta extraordinaria de empleo público de 323 plazas para inmigración.

La diferencia respecto a las cifras de CSIF es que CC.OO. y UGT incluyen en las 10.000 plazas de nuevos ingreso unas 1.800 plazas que estaban previstas para este año pero que se adelantaron a 2017 por necesidades de distintas administraciones.

Hacienda descarta más impuestos y anuncia que hará Presupuestos para 2019 pese al veto del PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que el Gobierno presentará en tiempo el proyecto presupuestario de 2019 y puntualizó que si las Cortes rechazan la nueva senda de déficit estas cuentas tendrán que incluir un “ajuste” de los ingresos tributarios. “Para que la recuperación llegue a las familias”, indicó Montero en declaraciones a Efe, son necesarios mayores recursos y “si eso no se hace por la vía de la mayor capacidad que nos concede Bruselas, los ingresos hay que buscarlos de otra manera”.

Previsiblemente, el Congreso de los Diputados debatirá este viernes la nueva senda de déficit público para el periodo 2019-2021, que de rechazarse en esta Cámara o en el Senado obligaría a volver a los objetivos anteriores, que son más estrictos. La nueva senda fija los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones en el 1,8% del PIB en 2019, el 1,1% en 2020 y en el 0,4% en 2021, cuando la anterior era del 2,2%, el 0,3% y superávit, respectivamente.

La ministra recordó que los objetivos de estabilidad tienen que aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado, de manera que si son rechazados -como parece previsible por la negativa del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta- se adoptarán los anteriores, que ya tienen el visto bueno de las Cortes. “No se entiende por qué el PP rechaza una senda que lo que permite es que la fiscalidad de este país no tenga que acompañar esas necesidades que tienen los ciudadanos por la vía fiscal, sino que la podría acompañar por la vía de la relajación del objetivo”, añadió.

Ante esta situación, el Gobierno “ajustaría” su política de ingresos para el próximo año, de manera que el techo de gasto que acompañaría a los Presupuestos, que no tendría que volver a aprobarse, sería “muy similar” al aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes -125.064 millones, un 4,4% más-. El Gobierno “va a presentar su proyecto de presupuestos en tiempo y forma, con la senda actual o con la anterior”, zanjó Montero, al tiempo que descartó elecciones anticipadas como apuntaban algunos medios de comunicación.

En cualquier caso, insistió en que los grandes beneficiados de la nueva senda fiscal son las comunidades autónomas y la Seguridad Social, cuya meta se amplía en dos décimas, “es decir, el Estado del bienestar”. En el caso concreto de la Seguridad Social, el rechazo al nuevo objetivo de déficit “obligaría a mayor endeudamiento”, según la ministra, que subrayó que este tema tendría que abordarse en el Pacto de Toledo.

“Seguimos pensando que lo adecuado es que pudieran contar con esas dos décimas” de margen fiscal adicional, consideró, porque en la “hucha” de las pensiones “cada vez queda menos dinero”. El Ejecutivo prevé presentar el proyecto presupuestario de 2019 a tiempo para que entre en el Congreso en los tiempos que marcha la Constitución, lo que implicaría tenerlo listo en septiembre, con el objetivo de “discutir unas cuentas que benefician a los ciudadanos para que la recuperación económica llegue a las familias”.

Crece el atasco en los juzgados en el primer trimestre de 2018

Los juzgados y tribunales españoles ingresaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año más de millón y medio de asuntos, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2017. Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación de los órganos judiciales publicado por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también revela que la cifra de asuntos pendientes de resolución se ha incrementado un 10,4% con respecto a la misma fecha del año pasado.

La jurisdicción civil es la que ha sufrido el mayor aumento en la entrada de asuntos durante este primer trimestre del año, con una subida del 14%. Le sigue, aunque con cierta distancia, la jurisdicción contencioso-administrativa con un incremento del 2,1%. Sin embargo, tanto la jurisdicción penal como la social han experimentado un descenso en la entrada de asuntos respecto al primer trimestre del pasado año, de un 7,6% en el orden penal y de un 5,5% en el laboral.

En el primer trimestre del año se ingresaron 57.955 asuntos relativos a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, por lo que se mantiene la tendencia descendente iniciada a partir del cuarto trimestre de 2017. Asimismo, los 179.566 asuntos relativos a cláusulas abusivas pendientes al finalizar el primer trimestre de 2018 representaban el 14,2% de la pendencia en la jurisdicción civil y el 7,4% del total.

En cuanto a la tasa de litigiosidad en España, en estos tres primeros meses de 2018 es de 32,2 litigios por cada mil habitantes. Una media que es superada por las comunidades autónomas de Canarias (41,8), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), Comunidad Valenciana (33,3), Madrid (32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).

Por otro lado, las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4). Destaca, además, el caso de Galicia con una litigiosidad especialmente baja (22,1), debida fundamentalmente a la huelga de funcionarios de la Administración de justicia, que supuso una disminución del 28,1% en el número de asuntos ingresados.

El Gobierno elevará la prórroga de los alquileres de tres a cinco años

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este martes durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados una batería de medidas que van desde suavizar el ajuste del déficit de las comunidades, a subidas de impuestos e iniciativas sobre el alquiler, entre otras medidas.

En esta última materia, anunció que el Ejecutivo va a elevar la prórroga forzosa de contrato de alquiler de 3 a 5 años; igualmente, eliminará las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y excluirá la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para “ajustar” de este modo la definición de arrendamientos de temporada.

“Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres”, señaló desde la tribuna de oradores del Hemiciclo.

Además, se fomentará la vivienda pública y de alquiler y, en este sentido, subrayó la construcción de un parque de 20.000 viviendas públicas para alquiler en un plazo de cuatro años destinadas “de forma indefinida” al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada, una medida que ya había adelantado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.