La empresa familiar demanda una reforma profunda de la formación profesional para acabar con el paro juvenil

España ocupa el tercer puesto dentro de la Unión Europea con la mayor tasa de sobrecualificación de jóvenes en el sector Servicios, lo que supone que en torno al 64% de estos ocupados desarrollan un trabajo que no requiere el nivel educativo alcanzado, algo que, unido a la baja calidad y a la escasa oferta de Formación Profesional en el país, explica que el mercado de trabajo “no sea capaz de absorber a tantos licenciados” y que “exista un desfase entre el sistema de formación y el mercado de trabajo”.

Así se desprende del estudio ‘Orientación Profesional y Formación Digital: Hacia un Modelo Integrado para el Empleo Juvenil’, realizado por el Instituto de la Empresa Familiar, junto a la Fundación Bankia para la Formación Dual, donde se plantean los retos y las oportunidades de este ámbito de formación, además de urgir a su profunda reestructuración “como palanca principal para luchar contra el desempleo juvenil”.

El informe destaca que la alta sobrecualificación existente en España “genera frustraciones personales y un alto nivel de ineficiencia del sistema”, lo que supone un alto coste para la Administración Pública. De hecho, el Estado podría ahorrarse en torno a 260 millones de euros por cada 10.000 alumnos si, en vez de elegir una carrera universitaria, el estudiante escogiese formarse en FP.

Además, según el estudio, España es el tercer país de la Unión Europea con la mayor proporción de estudiantes universitarios sobre los de Formación Profesional, con una tasa de 55% frente al 45%, además de ocupar el puesto 22 si se tiene en cuenta el número de alumnos estudiando una FP en relación a la población total del país.

Sin embargo, al mismo tiempo, según indicó el director de Economía y Empresa del instituto, Esteban Sastre, existe un perfil “fuertemente polarizado”, puesto que, por un lado, hay un elevado número de jóvenes no cualificados, con un 18,5% de abandono escolar y un 35% sin acabar bachillerato y, por otro, un elevado número con sobrecualificación.

Al mismo tiempo, dos de cada tres estudiantes de FP no llegan a tener el título en el plazo acabado, aunque esto, según el estudio, puede deberse a que el alumno es contratado antes de finalizar su curso, un 30% de los universitarios dejan la carrera y un 10% de ellos no volvería a la universidad.

Esta sobrecualificación de licenciados, cuyo perfil no es demandado por las empresas, y la falta de una Formación Profesional dual de calidad provoca que la disponibilidad de personal cualificado sea ya la tercera mayor preocupación del tejido empresarial español, que ha pasado de apenas un 3% en 2011 al 15% actual.

El presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, también asistente al acto, destacó que la Formación Profesional es “la mejor forma de luchar contra el desempleo, de aumentar la competitividad de las empresas y de apoyar la cohesión social”, además de ser un “instrumento flexible”, algo que, según él, “es necesario para el mercado laboral actual y del futuro”.

Por todo ello, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Osborne, afirmó que la apuesta por la Formación Profesional Dual, a través de la cual hasta el 74% de sus alumnos encuentra un trabajo al acabarla, frente al 63% de los que optan por FP, “es de tal importancia que debe convertirse en un objetivo común y de largo plazo, al margen de debates partidistas y de intereses electoralistas”.

Entre las 10 principales líneas de actuación presentadas por el estudio están la incorporación de la FP Dual como uno de los grandes pilares del futuro pacto por la Educación, la generación de información pública de calidad que ayude a los jóvenes a elegir su itinerario formativo, fomentar la especialización de los centros de formación, impulsar la colaboración público privada y adaptar el marco regulatorio con el fin de facilitar su desarrollo.

El Banco de España dice que las pensiones no subirán más del 0,25% en los próximos 50 años

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado este jueves que, con la aplicación del factor de revalorización, las pensiones no podrán crecer en los próximos 50 años por encima del 0,25% “dado el desequilibro actual del sistema y las previsiones demográficas”.

Así lo ha afirmado durante su intervención en la clausura del acto Sistema de pensiones. Situación en España y experiencias internacionales, organizado por Inverco, en el que ha asegurado que, con una previsión de inflación del 2%, dicho incremento del 0,25% “generará un deterioro del poder adquisitivo de las pensiones”. Sin embargo, Hernández ha indicado que las últimas reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 garantizarán la sostenibilidad del sistema al lograr el equilibrio presupuestario en el largo plazo.

En este sentido, ha explicado que dicha sostenibilidad se obtendría “fundamentalmente” a través de una reducción de la tasa de sustitución que situó en 20 puntos porcentuales respecto a la actual. Este elemento, junto “a la mejora de la tasa de empleo, contrarrestarían las presiones demográficas hasta estabilizar la ratio de gasto en pensiones sobre PIB”, ha añadido.

Ante esta importante reducción de la tasa de sustitución entre el sueldo ingresado durante la vida laboral y la pensión, Hernández ha destacado la necesidad de realizar un ejercicio de transparencia. “Los ciudadanos deben saber a qué se enfrentan, porque sólo así tomarán decisiones de ahorro que sean compatibles con las tasas de sustitución que querrían tener”, ha apuntado.

Por otra parte, ha señalado que “el sistema de pensiones no se puede ver como algo completamente aislado” y ha considerado que mantener el sistema “es más fácil” con un endeudamiento menor, por lo que ha destacado la importancia de continuar en la consolidación fiscal.

Durante su intervención, Hernández ha explicado que las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) implican un aumento de 4 puntos porcentuales del gasto público en pensiones en 2035 y de 11,6 puntos en 2060 debido al envejecimiento de la población”.

Miles de jubilados salen otra vez a la calle en toda España para reclamar pensiones dignas

La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid, donde miles de personas —8.000, según la delegación del Gobierno— han reclamado que las pensiones garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas, ya que actualmente son “parciales e insuficientes”. Las protestas se han celebrado por toda la geografía española.

En respuesta a las concentraciones, desde Gádor, un municipio de apenas 3.000 habitantes de la provincia de Almería, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Gobierno piensa “siempre en los jubilados” y ha afirmado que mientras otros congelaban las pensiones el Ejecutivo popular ha sacado al país de la crisis. Montserrat ha destacado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge un crecimiento del 3% para las pensiones más bajas y del 2% para las de viudedad y las no contributivas.

Durante su participación en un mitin en Pamplona, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que el sistema público de pensiones “sobrevivirá al PP”: “Tiene futuro, puede ver equilibradas sus cuentas y aumentadas las pensiones en el IPC porque el PSOE las va a blindar en la Constitución”, ha dicho.

En Madrid la manifestación transcurrió entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la popular Puerta del Sol, donde representantes de los UGT y CC OO han leído un manifiesto. En declaraciones a los periodistas, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido que se derogue la reforma de las pensiones con el fin de que las prestaciones bajen para los “futuros pensionistas”, al tiempo que ha abogado por la “negociación” con el Gobierno. Ha recalcado que en España se inició una “campaña de desprestigio” del sistema público incidiendo en su “insostenibilidad y en la necesidad de que hay que sustituir parte de su cobertura con planes de pensiones privados”.

Álvarez ha confiado en que las pensiones se revisarán por encima del 0,25%, “sin atajos y de manera justa”, porque la sociedad lo está exigiendo y porque las pensiones más bajas “tienen que recuperar poder adquisitivo”. Según datos de la Policía Nacional, en Gijón han salido a la calle 10.000 personas, mientras que en Santander han participado en la protesta unas 7.000 personas, según los convocantes.

En Castilla y León también han sido miles las personas que han salido a la calle para protestar, principalmente en ciudades como Valladolid, León o Ponferrada, con más de 2.000 manifestantes en cada una. En los actos reivindicativos organizados en Castilla-La Mancha, con Toledo, Albacete, Guadalajara y Cuenca a la cabeza, han participado más de 8.000 personas, según los sindicatos, una cifra que la Delegación del Gobierno ha rebajado a 2.800 personas.

Las movilizaciones se han repetido en Pamplona, Comunidad Valenciana —Valencia, Alicante, Castellón y Elche—, Badajoz y Galicia, donde ha tomado el centro de las principales ciudades, encabezadas por Santiago de Compostela y Vigo, así como en poblaciones de menor tamaño.

En Palma de Mallorca, unas 400 personas han marchado desde la Plaza de España hasta la Plaza de Cort y entre los participantes se encontraba el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela.

Las movilizaciones de este domingo se suman a las celebradas el sábado en ciudades como Barcelona, donde según la Guardia Urbana participaron unas 2.000 personas; Zaragoza, con varios centenares de jubilados movilizados; o Ciudad Real, con medio millar de participantes. El viernes, decenas de jubilados se manifestaron en el centro de Sevilla bajo la lluvia para reivindicar la derogación de la última reforma de las pensiones y exigir que estas prestaciones se actualicen según el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Sólo un tercio de las empresas cumple en protección de datos

Casi un 35% de las compañías tiene implementados procesos que aseguran el cumplimiento de la normativa internacional de protección de datos, mientras que la mayoría aún tiene lagunas en áreas clave. A pesar de que las empresas que, a partir del 25 de mayo, no cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se arriesgarán a multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra de negocio global (hasta ahora el máximo llegaba a 600.000 euros), tan sólo un tercio de ellas está completamente preparada para su entrada total en vigor, según el informe Global Data Privacy Snapshot 2018, elaborado por DLA Piper.

“Muchas compañías piensan que bastarán unos retoques formales en lo que ya estaba implantado para cumplir adecuadamente el reglamento europeo y su futura ley orgánica de acompañamiento y no es verdad”, alerta Diego Ramos, socio y director del departamento de propiedad intelectual y tecnología de la oficina de Madrid de DLA Piper, que se muestra preocupado por la inercia que están mostrando muchas organizaciones respecto al planteamiento de la protección de datos.

Desde 1992, cuando se aprobó la primera ley orgánica española en materia de protección de datos personales, ha habido varias modificaciones legales y reglamentarias, pero el experto asegura que la filosofía general del sistema se ha mantenido igual. A pesar de ello, todo cambiará a partir del 25 de mayo, ya que se establecerán unas directrices claras y únicas a nivel europeo, que serán de obligado cumplimiento para todas las empresas que operen en la UE, independientemente de si están establecidas o no en suelo comunitario.

Hasta el momento, los sectores financieros y el tecnológico son los alumnos más aventajados, aunque las diferencias actuales en cumplimiento no vienen tanto por industrias concretas, sino por los perfiles de compañías. En este sentido, los grupos con más actividad internacional comenzaron a adaptarse a finales de 2016 y en 2017, mientras que a los más enfocados al mercado doméstico les está costando un poco más, pero “por el hecho de que una empresa tenga poca o ninguna actividad fuera de España no tendrá más tiempo para adaptarse, ni menos riesgo de sanción, sino justamente lo contrario”, avisa el socio de DLA Piper.

La vivienda se comporta cada vez más como las acciones o los bonos

La subida del precio de la vivienda ha sido una característica compartida por la recuperación económica observada en numerosos países, llegando en los últimos años a registrarse una simultaneidad de este encarecimiento que se asemeja “al periodo previo a la crisis”, según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtiendo de que el precio de las casas está empezando a comportarse como el de los activos financieros, sometidos a la influencia de inversores globales.

En este sentido, la institución dirigida por Christine Lagarde señala que recientemente el precio de la vivienda en el mundo muestra una creciente tendencia a moverse en el mismo sentido al mismo tiempo, añadiendo que el crecimiento “sincrónico” de la economía, que en 2017 creció en 120 países del mundo, representó un impulso adicional a la demanda de vivienda, empujando al alza las presiones de precios.

Al respecto de este fenómeno, el FMI considera que la sincronía en el movimiento al alza del precio de la vivienda, además de la evolución económica, refleja también las condiciones financieras predominantes, principalmente en las mayores economías avanzadas. De este modo, el análisis del FMI señala que el entorno de bajos tipos de interés ha empujado a inversores institucionales globales a buscar mayores rentabilidades en algunos mercados inmobiliarios, lo que aparece como explicación potencial para los incrementos “fuertes y sincronizados” del precio de la vivienda.

“Todo esto sugiere que los precios de la vivienda están comenzando a comportarse más como activos financieros, como acciones y bonos, influenciados por inversores de todas partes del mundo”, señalan los economistas Claudio Raddatz Kiefer y Jane Dokko en el informe publicado por el FMI, subrayando que los países más abiertos a los flujos globales de capitales registran mayor grado de sincronía de los precios de la vivienda y las acciones con los mercados globales.

Los economistas señalan que, a diferencia de los activos financieros, la vivienda supone el principal activo para la mayoría de familias, así como el principal pasivo en forma de hipoteca, mientras los bancos realizan grandes inversiones en la concesión de préstamos hipotecarios, lo que les hace vulnerables a las variaciones en el precio de las casas.

Así, los expertos advierten de que las autoridades deberían prestar atención, ya que la creciente tendencia de los precios de la vivienda a moverse en tándem puede señalar mayores probabilidades de recesión, puesto que un ‘shock’ en alguna parte del mundo es más probable que afecte a los mercados inmobiliarios de otros lugares.

“Las autoridades deberían prestar atención a los movimientos sincronizados en los precios de la vivienda, especialmente cuando la actividad del mercado inmobiliario o las valoraciones se consideren excesivas”, recomiendan.