La temporalidad, la burocracia y la falta de implicación de las empresas explica la falta de éxito de los contratos de jóvenes sin formación

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El contrato para jóvenes sin formación en España no despega. En un país con un paro juvenil que duplica la media comunitaria, más de 30%, y con una tasa de abandono escolar del 18,3%, su uso es residual. De los más de 22 millones de contratos que se firmaron en España en 2018, solo 52.000 fueron contratos de formación y aprendizaje, el 0,2%. ¿Por qué se utiliza tan poco? La primera respuesta que aparece en boca de todos responsabiliza al sospechoso habitual: “La temporalidad se lo come todo”. Paro hay más. Los empresarios hablan de falta de flexibilidad. Los economistas también la piden, pero controlando la calidad de la formación. Los sindicatos hablan de la falta de implicación de los empresarios y de un uso perverso del contrato. No es lo mismo entrar en el mercado laboral con un contrato temporal que con uno de formación, el destinado a aquellos jóvenes que dejan pronto los estudios sin titulación. Con el primero, las posibilidades de lograr un trabajo fijo después de dos años se reducen al 1%; con el segundo, suben hasta el 33% si se prolongan por ese tiempo (muchos no llegan), según un estudio reciente de Fedea de Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid, y David Troncoso, de la Pablo de Olavide. En cambio, en 2018 se firmaron más de 20 millones de contratos temporales (siete si se toman solo a los menores de 30 años) frente a 52.803 de formación. Este último dato supone un 0,2% del total de contratos que se firmaron el año pasado. Un porcentaje muy bajo, similar al de 2016 y 2017, que muestra su escasísimo uso. Y este año va aún por peor camino. En enero solo se firmaron 3.003 de estos contratos frente a los 6.028 del año anterior. Tras buena parte de la caída está el último cambio de regulación. En 2012 se elevó de 25 a 29 años la edad máxima para firmar estos contratos, condicionado a que la tasa de paro estuviera por encima del 15%. En 2018, al bajar ésta al 14,5%, se volvió al límite de los 25. Miguel Ángel Malo, de la Universidad de Salamanca, achaca este fracaso a la temporalidad. “Todo se lo come”, resume rápido este profesor de Economía que coordinó en 2017 un libro sobre los problemas de los jóvenes europeos en el mercado laboral. Coinciden con él fuentes del Ministerio de Trabajo, y añaden “el uso de figuras no laborales” para cubrir esos puestos, como las becas. Con una duración que puede ir de un año a tres, el contrato de formación y aprendizaje no es el único que, teóricamente, sirve de puerta de entrada al mercado laboral. También está el de prácticas, pero este es para quienes tienen título universitario o de FP. El primero, en cambio, es la vía de quienes dejaron los estudios pronto: en 2017 un 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años abandonaron sin un título de enseñanza secundaria postobligatoria. A la temporalidad, Jansen suma “la burocracia”: “Tiene una regulación muy garantista. Se necesita una regulación más flexible”. “Tiene que haber control”, señala, aunque este no debe entorpecer su desarrollo. Lo mismo apunta una directiva de una fundación regional que trabaja con estos jóvenes y que prefiere no dar su nombre. “No es fácil lidiar con estos contratos”, señala. Conoce a la perfección la burocracia necesaria para que la Administración acepte el plan de formación que va aparejado con el contrato y que debe impartir un centro homologado. Esta formación permite que el trabajador logre un certificado de profesionalidad. Si la consejería autonómica acepta el plan, da pie a bonificaciones, la financiación de los costes de formación y hasta 720 euros al año por aprendiz para que la empresa asuma la tutoría. “Que no funciona está claro”, apuntan en Trabajo, donde señalan que prevén reformar este contrato, pero aún no tienen pensados los detalles. Solo añaden que hay que “aligerar la gestión de los elementos de la formación”. En 2015, las exigencias administrativas eran menores, si bien no conllevaba la obtención de un certificado. Pero eso generó descontrol. Así que el Gobierno, entonces del PP, elevó el listón. El uso cayó. “En cuanto exiges calidad…”, arranca Francisco Rueda, viceconsejero de Empleo en Castilla-La Mancha. “A muchas pequeñas empresas les cuesta asumir el papel de empresa formadora”, matiza recordando que España es un país de pymes. Más duro es el análisis de Lola Santillana, responsable de Empleo de CC OO: “No funciona porque las empresas no se implican”, explica. Esta sindicalista pide “evitar que, como ahora, los titulados puedan ser contratados con esta modalidad si el certificado de profesionalidad no se ajusta a su formación previa y que se pueda encadenar varios contratos cambiando el tipo de contrato”. Eduardo Magali, responsable de Juventud de UGT, apunta a “un problema cultural. No existe la idea de invertir en formación. Hay sectores que lo usan, como la hostelería, pero es para ahorrar costes”, lamenta.

La subida de los sueldos pactados en convenios estatales se acerca al 3%

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Las estadísticas oficiales de los convenios colectivos que facilita el Ministerio de Trabajo indican que, en enero, 5,6 millones de trabajadores se anotaron un incremento medio de sus sueldos del 2,16%. Así, este incremento inicial de los salarios, antes de que estos se revisen con la inflación a final de año, superó la barrera del 2% por primera vez en diez años. La tasa media de aumento de los salarios ha aumentado cuatro décimas de un mes para otro, un fuerte incremento si se tiene en cuenta que mensualmente apenas avanzan una décima habitualmente. En cualquier caso, con este incremento medio los negociadores de los convenios ya estarían cumpliendo la recomendación de sus cúpulas de incrementar los salarios de forma general un 2% y llegar al 3% donde lo permita la productividad. Si bien, la realidad indica que no solo la marcha de un sector o de una empresa permite mayores aumentos salariales, sino que el poder negociador de los sindicatos también cuenta. De hecho, empieza a haber notables diferencias entre los convenios sectoriales, donde las centrales sindicales tienen más peso, y los convenios de las empresas. Así, el incremento salarial medio de los convenios sectoriales de carácter estatal o nacional, que recogen las condiciones de 2,2 millones de trabajadores, fue en enero del 2,67%, acerándose al 3% de máximo que recomienda el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) 2018-2020. Este comportamiento de los salarios en el arranque del año obedece, entre otras cosas, al impacto de los incrementos pactados fundamentalmente en los dos años anteriores para 2019. De hecho, en enero ya había 5,6 millones de trabajadores con sus condiciones laborales para este año cerradas en ejercicios anteriores. Esta cantidad de asalariados con convenios ya cerrados en enero es un 53% superior al número de trabajadores que habían pactado sus salarios en enero de 2018. Un incremento en el número de trabajadores afectados que tampoco es habitual en la dinámica de la negociación colectiva. El incremento por ley del salario mínimo del 22,3% también ha tirado al alza de las subidas salariales. Si bien, una vez consolidada la recuperación del empleo, tras cuatro años de crecimientos positivos de la ocupación, la duración de los convenios también se alarga, lo que afecta a los trabajadores que pactan sus salarios a dos y tres años vista. En la actualidad, la duración media de los convenios colectivos está en 3,2 años, lo que supone un año más de media que cuando se inició la recuperación del mercado laboral a principios de 2014. Por primera vez desde los principios de la crisis, dos grandes sectores económicos, la construcción y los servicios, han pactado incrementos salariales medios superiores al 2%. En concreto, 2,27% y 2,31%, respectivamente. Precisamente en estas actividades trabajan nueve de cada diez asalariados que ya tienen el convenio firmado. Más de un millón de trabajadores del sector de las actividades administrativas y servicios a empresas son los que cuentan con un mayor incremento, del 3,11%. Además, en total, hay casi un millón de trabajadores con un alza media pactada del 4,1% en el arranque del año.

Los sindicatos defienden paros parciales en lugar de una huelga general el próximo 8-M

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El secretario general del sindicato CC OO, Unai Sordo, se ha mostrado hoy a favor de que el Gobierno convoque elecciones si no logra el apoyo de los nacionalistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este año. Si bien, ha dicho que, aun convocando elecciones en abril –la fecha más temprana posible– al Gobierno “le daría tiempo a desmontar” la reforma laboral y la de las pensiones. “Hay seis viernes antes del 14 de abril” ha dicho hoy durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Forum Europa, en referencia a la celebración de los correspondientes Consejos de Ministros, donde el Ejecutivo podría aprobar sendos decretos para modificar la reforma del mercado de trabajo de 2012 y la de pensiones de 2013. En concreto, Sordo ha dicho que su sindicato seguirá exigiendo al Gobierno fundamentalmente dos rectificaciones de la reforma laboral: la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos “sin límites y con independencia de lo que diga el propio convenio”; y la vuelta a la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa”. Junto a esto, ha citado otras dos exigencias que reclamarán al Ejecutivo para que se aprueben por decreto, aunque no haya presupuestos: la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años y la implantación de un registro diario de jornada en las empresas. Y también pelearán por la derogación de la reforma de las pensiones y la incorporación de la revalorización de las pensiones según el IPC en la Ley General de la Seguridad Social. Finalmente, Sordo ha descartado “la unión orgánica” entre CC OO y UGT, “porque la competencia entre los dos sindicatos es sana bien entendida”. Aunque, dicho esto, ha defendido la unidad sindical entre ambas centrales como base para su supervivencia. Pero más allá de estas reivindicaciones “urgentes”, Sordo se ha mostrado a favor de “modificar los incentivos de contratación en las empresas”. Estos cambios irían orientados a incentivar que, ante una nueva crisis, los empresarios optaran por reducir las jornadas de trabajo en lugar de despedir a trabajadores. Para ello, ha demandado “una prestación (pública) que compensara el salario que dejarían de recibir los trabajadores a los que les redujeran la jornada, como en Alemania”. En este punto, ha manifestado su temor a que “como vuelva a haber una ralentización de la economía o una crisis, el ajuste se va a volver a hacer con el despido de la masa de trabajadores temporales”. Esta situación se vería agravada, además, por la mayor presencia del empleo a tiempo parcial involuntario en el mercado laboral. Sordo también ha defendido, como ya hicieron CC OO y UGT el pasado año, la convocatoria de paros parciales, en lugar de huelga general, para reivindicar el día de la Mujer el próximo 8 de marzo. “No procede convocar una huelga general al uso, porque no se persigue parar la producción ni que baje el consumo de energía, sino facilitar una jornada de movilización. Actualmente, los dos sindicatos mayoritarios están negociando, no obstante, hacer una convocatoria de huelga completa en algunos sectores concretos donde la presencia de la mujer sea menor o la brecha salarial sea mayor. Si bien aún no han cerrado cuáles serán esas actividades.

En España casi el 27% de los trabajadores asalariados tienen un contrato temporal

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Pero dentro de este tipo de contratos, los españoles son los trabajadores europeos que más contratos de menos de seis meses tienen. Así, lo ha puesto de manifiesto hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el último informe de su comisión sobre el futuro del trabajo en el mundo, titulado Trabajar para un futuro más prometedor. Según este informe, el avance de los empleos temporales se estancó entre 2014 y 2016, “pero está de nuevo en aumento en varios países europeos”. Alerta de que “está aumentando significativamente en España”, donde alcanzó el 26,8% citado, el más alto valor desde 2008; y también en Francia (16,8% en 2017), Italia (15,5%) y los Países Bajos (21,7%). No obstante, los autores de este informe admiten una gran heterogeneidad del empleo temporal, en función de los países europeos. Estas diferencias se reflejan, según puntualizan, en la duración media de los contratos de trabajo en los diferentes países. Así, en 2017 los contratos de trabajo que duraron seis meses o menos representaron más de la mitad de todos los contratos temporales en España, Bélgica, Finlandia, e Italia. Y fue en España donde representaron un mayor porcentaje de todos los contratos eventuales, acercándose al 60% del total. Sin embargo, los contratos de menos de seis meses solo supusieron el 15% del empleo temporal en Alemania. Este informe ensalza la disminución de la tasa de desempleo, especialmente en Grecia, donde se redujo 2,3 puntos; Portugal, con un recorte del desempleo de 2 puntos y España, donde la tasa de paro cayó 1,7 puntos hasta el 14,4% de la población activa. Aun así, estos tres países registraron niveles de desempleo superiores a la media de su entorno. Pero, la OIT advierte de que “el ritmo de reducción del desempleo se ralentizará considerablemente en 2019”. Este año espera que solo Grecia supere un punto en la reducción de su tasa de paro. La OIT es, sin embargo, optimista con la evolución del crecimiento económico en todas las regiones europeas en general. En particular, espera que los avances del PIB superen el 2% en 2019 en España, Holanda y Suecia. Y que se sitúe entre el 1,5% y 1,9% en Francia, Alemania y el Reino Unido. Aunque, en países con tasas de desempleo relativamente altas, como Grecia e Italia, la OIT cree que el crecimiento seguirá siendo demasiado débil como para que se traslade en mejoras considerables en el mercado laboral. La tasa de paro mundial se situó en el 5% el pasado año (hay 172 millones de desempleadas en el mundo), la misma que en 2008. Esto significa que dicha tasa ha tardado nueve años en retornar a la época de la precrisis financiera mundial. En este sentido, la OIT dice que “el panorama actual es incierto”. Aunque prevén que el desempleo mundial se mantenga en este nivel hasta 2020 incluido, los técnicos de este organismo admiten que “los riesgos macroeconómicos han aumentado y ya tiene un impacto negativo en el mercado de trabajo de distintos países”. Este informe alerta también sobre la debilidad de los avances salariales en el mundo en general. En concreto, en el grupo de los 52 países del mundo con mayores rentas, entre los que está España, los sueldos se desaceleraron desde un avance del 1,2% de media en 2016 al 0,8% en 2017 y primeros meses de 2018. La OIT destaca especialmente la caída de los salarios reales en este tiempo en España, Italia y Japón. Además, los autores de este informe sitúan a Francia y Alemania entre los países desarrollados donde menos crecieron los sueldos.

El veto a los Presupuestos frena subir Sociedades y el IRPF para ricos

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El debate parlamentario sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se convirtió el martes en un plebiscito político en el que el Gobierno asumió que este miércoles ERC y PDeCat bloquearán las Cuentas y las medidas que contienen, entre ellas, la generación de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% para grandes empresas y de un 18% para los sectores de la banca y de los hidrocarburos y la subida del IRPF a clases altas. Las Cuentas, cuya vía libre se antoja improbable, recogen además acabar con la exención fiscal del 100% a los dividendos de filiales de empresas españolas en el extranjero – que pasaría a ser del 95% – y el incremento del IRPF en dos puntos para rentas superiores a los 130.000 euros y en cuatro puntos para rentas superiores a los 300.000. A ello hay que sumar otras medidas que ya no podrían ver la luz, como la bajada de dos puntos del tipo nominal de Sociedades para pymes, el destope de las cotizaciones máximas, el alza del precio del diésel para equipararlo fiscalmente a la gasolina y el aumento del gravamen de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) en un 15%. A pesar de que estas medidas se podrían sacar adelante todavía por real decreto ley (RDL), el Gobierno duda de esta estrategia. Moncloa alberga incertidumbres legales sobre hasta dónde puede estirar el chicle fiscal sin abrir potenciales contenciosos legales empleando esta herramienta legislativa. Con todo, para prosperar el RDL tiene que ser ratificado por el Congreso, algo que a día de hoy está muy lejos de los 84 diputados que tiene el PSOE en la Cámara Baja. Sin embargo, el fracaso de los Presupuestos no implica que todas las medidas económicas del Gobierno queden bloqueadas… todavía. La tramitación de las tasas Google y Tobin se mantiene, ajenas al desarrollo de las Cuentas. Sin embargo, su aprobación parece improbable si se adelantan elecciones. Tramitar un proyecto de ley dura, de media, unos seis meses y la legislación obliga a disolver las Cortes 54 días antes de unos comicios generales. Plazos imposibles de cumplir si las elecciones se celebraran en abril o mayo. Así, la aprobación de los impuestos solo sería posible si los comicios se celebraran en otoño, y aun así el calendario sería muy apretado.