El Gobierno da dos meses a las empresas para empezar a registrar los horarios de su plantilla

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El primer Consejo de Ministros que reúne al Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de las Cortes, el pasado martes, ha vuelto a aprobar una nueva batería de medidas sociales en forma de real decreto ley que tendrá que ser convalidado ya ante la Diputación Permanente del Parlamento. Tras los reales decretos de igualdad entre géneros, alquiler y medidas para paliar el Brexit del viernes anterior, el Ejecutivo ha abordado esta semana un nuevo texto que aborda una importante batería de medidas en materia laboral. El decreto en cuestión vuelve a rebajar de 55 a 52 años la posibilidad de acceso a subsidio para mayores desempleados, establece la obligación para las empresas de implantar un registro del horario de sus trabajadores o amplía las bonificaciones por contratación indefinida de parados de larga duración. El texto también duplica la cuantía de las prestaciones no contributivas por hijos al cargo, reduce la cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, fija que la Seguridad Social abone todas las cuotas por contingencias de autónomos en incapacidad tras dos meses de baja, reduce las cuotas de los trabajadores fijos discontinuos de los sectores de comercio, turismo y hostelería durante la temporada baja y permite que los artistas permanezcan en el Régimen General durante los periodos de inactividad. El paquete de medidas ha sido anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por la ministra Portavoz, y de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Una de las novedades del texto, según el borrador al que ha tenido acceso Cinco Días y ha confirmado la propia Valerio en rueda de prensa, es que el registro horario de las plantillas no se exigirá a las empresas hasta dos meses después de la entrada en vigor del decreto, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Se da la circunstancia de que la medida no sería puesta en marcha hasta después de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril, lo que abre la veda a las críticas de partidos opositores que denuncian que el Ejecutivo de Sánchez está aprobando decretos que no son realmente urgentes pero que pueden aportar rédito electoral al PSOE. “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin prejuicio de la flexibilidad horaria”, reza el texto leído por Valerio, que obligará a las empresas a conservar estos datos durante cuatro años. Los registros serán establecidos mediante negociación colectiva entre empresas y trabajadores, o, en su defecto, a decisión del empresario tras consultar a los representantes de su plantilla. Según ha informado la ministra, el texto fija que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales, “podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de os descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieren”. La ministra de Trabajo ha admitido que el paquete de medidas aprobadas no goza del consenso, al 100%, de sindicatos y patronal, si bien ha rehusado aclarar si los empresarios se han opuesto o no al registro horario. Pese a ello, Valerio ha aseverado que la medida es necesaria y urgente habida cuenta que la Inspección de Trabajo vienen denunciando continuamente que es imposible valorar sin dichos registros los casos fraudes de ley de empleados con jornada parcial que en realidad extienden su horario todo el día, o aquellos que hacen horas extra no declaradas y por las que la empresa no cotiza. Finalmente, Valerio ha reconocido que el Gobierno renuncia a abordar la derogación de los aspectos que consideran más lesivos de la reforma laboral de 2012 al entender que dentro ya del periodo preelectoral, hacia los comicios del 28 de abril, no habrá forma de alcanzar un consenso que permita convalidar la decisión. Por otra parte, la ministra ha detallado que buena parte de las medidas aprobadas este viernes, junto con la ampliación del permiso de paternidad o la cotización de las cuidadoras de dependientes, suman un coste total de 1.130 millones de euros que irán a cargo del alza de 3.300 millones que prevén lograr en el cobro de cuotas a la Seguridad Social tras el incremento de las bases de cotización.

La creación de empleo en España se paraliza

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Los últimos datos del registro de la Seguridad Social de febrero apuntaban a cierta desaceleración en la creación de puestos de trabajo, sobre todo de los indefinidos, pero aún se mantiene un buen ritmo de generación de empleo cercano al 3% anual. Sin embargo, empiezan a surgir voces que dan la voz de alarma, como la del grupo de trabajo temporal y recursos humanos ManpowerGroup, que actúa como un indicador adelantado de la contratación, y que ha advertido hoy que el empleo en España se está paralizando. Según los últimos datos que maneja esta compañía, procedentes de un estudio en el que han preguntado a 1.001 directivos españoles de todo tipo de empresas, el 86% de ellos prevén mantener sus plantillas tal y como están en el segundo trimestre de este año; el 6% cree que hará nuevas contrataciones y el 5% restante espera recortar empleos. La combinación de estas opiniones arroja que la proyección de empleo avanzará tan solo un 1%. Y, una vez aplicados los ajustes estacionales, la proyección de empleo neto en España será del 0%, según este estudio. Se trata, por tanto, de la cifra más baja de los últimos cuatro años, según advierten los autores de estas proyecciones. Este estudio de MapowerGroup se lleva haciendo desde hace 16 años de forma trimestral a nivel mundial, y en él se consulta a los directivos sobre las variaciones de plantilla previstas para el segundo trimestre del año en comparación con el actual. El director comercial de ManpowerGroup, Manuel Solís, ha considerado que, ante estos datos, “en un futuro inmediato hay que tener presente que la estabilidad política e institucional, así como la seguridad jurídica son fundamentales para retornar a la senda de la creación de empleo”. No obstante, la marcha del empleo se presenta muy desigual en función de las distintas regiones españolas. Así, mientras que la proyección de ocupación neta de la zona noroeste (Cataluña e Islas Baleares) presenta un robusto avance del 7% hasta junio, la región sur (Andalucía, Extremadura y Canarias) apunta a una fuerte caída del 10% en estas previsiones netas de ocupación. También son buenas las proyecciones para el centro de España (Madrid y Castilla-La Mancha), con avances del 4% y se mantienen en la media española (con un aumento del 1%) el Este (Comunidad Valenciana y Murcia) y el Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco). Por el contrario, también es negativa –en un -2%– la proyección para la zona noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia). Igualmente, no todos los sectores se verán igual de afectados por este freno en la creación de empleo para el trimestre próximo. Las actividades agrarias y de ganadería, junto con las actividades sociales prevén disminuciones de plantilla de nueve puntos porcentuales; y la hostelería baraja recortes de sus equipos de trabajo equivalentes a 7 puntos porcentuales. También planean destruir empleo los sectores del transporte, logística y comunicaciones y el del comercio y reparación de vehículos (-5 puntos cada uno de ellos).

La Agencia Tributaria desarrolla un plan de contingencia ante la posibilidad de un divorcio duro del Reino Unido con la UE

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La Agencia Tributaria se prepara para afrontar la revolución fiscal que supondría para las fronteras españolas la consumación del Brexit que, aunque probablemente acabe retrasándose, está previsto que se produzca el día 29 de este mismo mes. Desde entonces, teóricamente, los 20 millones de turistas británicos que llegan a España cada año se convertirán en visitantes extracomunitarios mientras que el importante intercambio de mercancías y servicios entre ambos países pasará a estar sujeto a aranceles. “La carga de trabajo se multiplica de manera exponencial”, admitió ayer Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria, durante su participación en el XV Foro de Fiscalidad Internacional organizado por Deloitte Legal. “El riesgo fiscal y aduanero de un turista no es muy elevado. Vienen al país y se van con su equipaje. Pero tiene una complicación logística”, adujo, explicando que cuando los británicos sean ciudadanos no comunitarios supondrán 1,5 veces más que todo el resto de viajeros ajenos a la UE. Esto obligará incluso a modificar los accesos de algunos puertos y aeropuertos de forma que la habitual cola de entrada de ciudadanos comunitarios a España pasará, en algunos casos, a ser utilizada para los viajeros de países terceros que ahora serán mucho más numerosos, según explicó ya la propia Agencia Tributaria. El gran reto, no obstante, está en el paso de mercancías, que dejarán de estar sujetas a impuestos para ser objeto de aranceles. “Las operaciones de importación y exportación cambiarán de calificación jurídica”, detalló Gascón apuntando a que en lugar de aplicarse sobre ellas el IVA serán gravadas con derechos arancelarios. En concreto, las aduanas españolas pasarán a controlar operaciones de intercambio de bienes y servicios entre España y Reino Unido por valor de 30.000 millones de euros al año, de los que 19.000 corresponden a exportaciones y 11.500 a importaciones, según detalló ayer en el mismo foro Fernando Salazar, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Castilla-La Mancha. “Es un aumento significativo en términos de carga de trabajo, es un incremento del 4% en el caso de las importaciones”, apuntó el director de la Agencia Tributaria, aseverando que la cifra puede parecer baja pero que el reto es tan importante que “obliga a tener un plan de contingencia”. “En exportaciones el impacto es mayor. Supondrá un incremento de la carga de trabajo del 8%”, agregó. “Nos preocupa el impacto en sectores pujantes que exportan a Reino Unido, como es el sector agroalimentario”, dijo, revelando que la Agencia Tributaria está realizando un “esfuerzo divulgativo” con empresas del ramo para permitir que “si ocurre el Brexit en vertiente dura estemos lo mejor preparados posible para hacerle frente”. Desde la Agencia Tributaria recuerdan que, para hacer frente a esta sobrecarga de trabajo, el Consejo de Ministros del 8 de febrero aprobó destinar 462 efectivos adicionales a Hacienda.

Las Haciendas central y regionales pierden de media el 45% de causas sobre tributos en los Tribunales Económico-Administrativos

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El número de contribuyentes que deciden llevar la contraria a la Agencia Tributaria o a las Haciendas regionales acudiendo a los Tribunales Económico-Administrativos, paso obligado previo a la vía contenciosa de lo judicial, se ha disparado un 54% entre 2007 y 2017, último ejercicio del que hay datos públicos. Estos tribunales tramitaron ese último ejercicio 194.279 recursos y resolvieron 209.617, en los que fallaron a favor de la administración en el 44,76% de casos, dieron la razón al contribuyente –al menos parcialmente– en el 45,31% y desestimaron o archivaron otro 9,92%. Un equilibrio, ya de por sí llamativo, que se rompe a favor del ciudadano especialmente en el caso de algunos impuestos autonómicos. Los casos más significativos son los recursos contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o contra las tasas, en los que los tribunales dan la razón al contribuyente en siete de cada 10 casos, o contra Transmisiones Patrimoniales, cuando ganan seis de cada 10, según las cifras oficiales. “El grueso de estos casos corresponde con la comprobación del valor de los inmuebles en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones, que es donde más hacen agua las comunidades”, explica Javier Gómez Taboada, vocal de estudios e investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Un método de valoración de inmuebles tan discutido que Hacienda intentó cambiarlo en el plan antifraude que las elecciones han dejado en el aire. “A las actuaciones de la administración se les presupone validez por imperativo legal, como cuando un Guardia Civil te multa y se da por bueno su criterio, pero cuando los procesos tributarios se someten a la prueba del algodón de los tribunales esa presunción parece cuestionable”, aduce Gómez Taboada. “Además, en aquellos asuntos que llegan a la vía judicial, Hacienda pierde cerca del 30%”, agrega el representante de Aedaf, que expone que entre la vía administrativa y la judicial, las Haciendas “pierden cerca de la mitad de procedimientos”. Gómez Taboada considera que las Haciendas mantienen una “actuación cuestionable” que pone en riesgo “la seguridad jurídica” del contribuyente. Este ha pasado de ganar el 36% de los casos a casi el 45% en la última década. “La Agencia Tributaria se mantiene en los mismos ratios de media desde hace tiempo, pero las administraciones autonómicas han incrementado muy sensiblemente el porcentaje de procedimientos que acaban perdiendo, llegando en algunos casos a un estratosférico 84% y no pasa nada”, critica Gómez Taboada. Los datos que maneja la propia Agencia Tributaria así lo confirman. El fisco matiza, con todo, que los datos agregados de los tribunales no distinguen entre las estimaciones totales sobre los recursos de los contribuyentes y aquellas solo parciales, en las que la administración lleva parte de razón. A partir de ahí, desde la Agencia Tributaria detallan un porcentaje inferior de fracaso que el que arroja la media nacional que suma las cifras autonómicas. Así, destacan, en 2017 el número de casos totalmente favorables a la Agencia Tributaria fue del 62,8%, mientras que en otro 8,4% la estimación fue parcial y el contribuyente solo obtuvo la razón plena un 28,8% de veces. La proporción es similar en la vía judicial de lo contencioso, con un 66,6% de asuntos ganados por Hacienda, un 6,9% de estimaciones parciales y un 26,5% de éxitos plenos para el ciudadano. En la vía penal, la Agencia ganó el 71%, con un 4% de resoluciones parciales y un 25% a favor del contribuyente.

La Agencia Tributaria busca poder pactar en los casos judicializados

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El gran objetivo de la Agencia Tributaria es mejorar el “cumplimiento voluntario” del contribuyente con sus obligaciones fiscales, defendió ayer su director general, Jesús Gascón, apostando por intensificar la cooperación con las grandes empresas y otros colectivos para mejorar los ingresos públicos. Una vía a explorar, expuso, es la de llegar a acuerdos en los casos judicializados. Así lo avanzó ayer Gascón, durante su participación en el Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias, organizado por la editorial jurídica Lefebvre, en el que reveló que la Agencia Tributaria está debatiendo “una batería de medidas” de calado fiscal con grandes empresas, agentes sociales y profesionales tributarios. Una es, precisamente, explorar un cambio en la regulación que permita al fisco alcanzar acuerdos con los contribuyentes en los casos que se han derivado ya a los Tribunales Económico-Administrativos o, un paso más allá, cuando llegan a los juzgados de lo Contencioso Administrativo, al igual que ahora mismo se firman actas de acuerdo habitualmente en el estadio anterior, antes de que las reclamaciones de deuda sean judicializadas. Gascón también defendió la necesidad de que la administración tributaria sea “más proactiva en la publicación de sus criterios”, a fin de que guíen a los contribuyentes en sus actuaciones; habló de agilizar las declaraciones interpretativas que hace la Dirección General de Tributos; y planteó que se desarrolle en España la figura del sujeto pasivo certificado que prevé la directiva europea del IVA. Esto último permitiría a los contribuyentes que cumplan ciertos criterios (como, ilustró, acatar el código de buenas prácticas o los plazos del nuevo sistema inmediato de información SII) tributar a menor coste. Finalmente, Gascón valoró la oportunidad que brinda la directiva europea DAC6 para regular a los asesores fiscales. Varios representantes de estos, presentes en el foro, manifestaron su inquietud ante el límite al secreto profesional que impondrá la trasposición de una norma que también les obliga a denunciar irregularidades. Finalmente, grandes firmas como Repsol o BBVA instaron a la Agencia a acelerar la estrategia de cooperación con grandes contribuyentes.